La oposición acusa a Sanidad de dificultar el derecho a abortar

Los grupos de la oposición en las Cortes Valencianas consideraron ayer que el circuito integral de atención a la mujer ante la interrupción voluntaria del embarazo presentado el lunes por la Consejería de Sanidad "dificulta que las mujeres puedan abortar en los centros sanitarios públicos" y supone la creación de un "circuito integrista" para que las mujeres no puedan acceder a esta prestación. "La medida demuestra de manera clara la mentira, la estafa y la hipocresía del Gobierno del PP", que "pretende hacernos creer que con tres psiquiatras públicos la consejería se va a poder hacer cargo de la financiación de estas intervenciones", dijo la diputada socialista Consuelo Catalá. Según la parlamentaria, la medida provocará que las mujeres se tengan que "pagar de su bolsillo" el informe psiquiátrico correspondiente, ya que "sólo hay tres psiquiatras que pueden realizar los dictámenes médicos". Catalá consideró que esta iniciativa es una "inmoralidad" y lamentó que "sólo incluye seis centros públicos en la Comunidad Valenciana". El circuito propuesto constituye, en su opinión, un "retroceso" en los derechos logrados por las mujeres.

Joan Antoni Oltra, portavoz adjunto de Esquerra Unida, criticó que con esta medida se dificulta que las mujeres puedan abortar en los centros sanitarios públicos, ya que el circuito integrado establece "demasiadas pegas", de modo que "lo único que pretende la consejería de Sanidad es ahorrarse dinero y aparentar que se cubre un servicio". Oltra advirtió de que el aborto es un derecho de la mujer y "no un capricho", de modo que la sanidad pública debe cubrir ese servicio sin que se convierta en una "carrera de obstáculos". Mientras, el portavoz adjunto del Grupo Popular, Antonio Clemente, dijo que el PSPV es "el partido de las contradicciones, ya que decía defender la sanidad pública y ahora defiende la sanidad privada".