Los presos palestinos amenazan con nuevas protestas para acelerar las excarcelaciones

La comisión interministerial israelí encargada de establecer los criterios para la excarcelación de presos palestinos se reúne hoy para aprobar la lista definitiva de los primeros 540 reos que han de ser puestos en libertad de forma inminente. Aunque los preparativos logísticos ya están en marcha, los palestinos han comenzado a mostrar signos de impaciencia. Las organizaciones de apoyo a los presos advierten de que podría haber más protestas violentas y huelgas de hambre en las cárceles, similares a las registradas estos últimos 10 días, y acompañadas de manifestaciones en las calles.

Presidida por el primer ministro, Ariel Sharon, la comisión interministerial se reunirá una vez haya se haya celebrado la sesión ordinaria de Gabinete para dar su visto bueno a la lista que ha sido prepara por el servicio de seguridad interior (Shabak). Es de esperar que algunos ministros -sobre todo los del Partido Nacional Religioso, del Partido de Unidad Nacional e incluso alguno del ala derecha del Likud- vuelvan a criticar la aplicación de esta medida de confianza, que ya fue aprobada hace tres semanas por el propio Ejecutivo.

El pasado domingo, en víspera de su visita oficial a la Casa Blanca, Sharon logró que entre los reos excarcelados haya también un centenar de militantes de Hamás y la Yihad Islámica, siempre y cuando no hayan participado en atentados perpetrados contra ciudadanos israelíes. "No podemos permitir que aquellos que han cometido crímenes horribles sean puestos en libertad", afirma el embajador Avi Pazner, en calidad de asesor del primer ministro. "Aquellos que tengan sangre en sus manos cumplirán su condena", sentencia Pazner, quien explica que la excarcelación será gradual y parcial, que no una fórmula de amnistía.

Uno de los problemas que se manifiestan en el ámbito de las excarcelaciones es que al menos la mitad de los más de 6.000 presos palestinos que Israel tiene en su poder están en detención administrativa, un tipo de régimen preventivo heredado del ordenamiento jurídico del Mandato Británico. "No tienen pruebas contra ellos, y por lo tanto no les pueden juzgar", denuncia el viceministro de Detenidos de la Autoridad Nacional Palestina (ANP), Radi Yara'i. "En teoría les deberían excarcelar a los seis meses si no son capaces de presentar pruebas, pero luego extienden la orden de detención arbitrariamente, y así sucesivamente durante años", asegura Yara'i.

Por lo tanto, lo lógico es que al final se imponga el acuerdo entre el Gobierno israelí y la ANP, al menos en cuanto al destino de los detenidos administrativos. "Pero nosotros estamos trabajando por la liberación no sólo de los administrativos, sino de todos y cada uno de ellos, pues todos son presos políticos, a partir de un cronograma que nos permita escalonar las excarcelaciones e irlas anunciando a nuestro pueblo", reclama el viceministro de Información, Ahmed Suboh.

Rebelión en las cárceles

La falta de progreso en las excarcelaciones podría desencadenar más incidentes, similares a los registrados durante los últimos días. A pesar de los esfuerzos realizados por la Autoridad de Prisiones israelí por impedir la comunicación entre las cárceles, tal como explicó su comisionado, Yajov Ganot, los presos palestinos lograban concertar una huelga parcial de hambre en cinco penitenciarias simultáneamente. Unos 600 presos, reconoció Ganot, se han negado a ingerir alimentos, aunque siguen bebiendo agua.

Según las organizaciones que prestan apoyo legal y social a los presos -la Sociedad de Prisioneros de Belén y la organización Adameer de Ramala-, el objetivo de esta huelga de hambre es protestar contra las malas condiciones en que se encuentran recluidos, sobre todo aquellos que están en campos de internamiento militar como los de Ketziot y Ofer.

También la huelga es una señal de condena por la forma violenta en que los guardias de seguridad reprimieron un motín ocurrido el pasado jueves en la prisión de Ashquelón, causando heridas a 20 presos, de los cuales alguno tuvo que ser hospitalizado.

A su vez, las protestas dentro de las cárceles parecen estar siendo coordinadas con manifestaciones externas. El viernes más de 10.000 personas salieron a las calles de la ciudad cisjordana de Nablús para reivindicar la liberación de los presos. Esta presión social, que va aumentando cada día que pasa sin que Israel libere a un contingente relevante, podría pasarle factura al primer ministro palestino, Abu Mazen, que necesita mostrar a sus ciudadanos que es capaz de lograr concesiones a través de la diplomacia y las negociaciones. En caso contrario, las organizaciones radicales podrían dar por finalizada la tregua, desencadenando un nuevo ciclo de violencia y haciendo imposible esa "desmilitarización de la Intifada" por la que Abu Mazen aboga.