Infertilidad

Mi marido y yo somos una de las muchas parejas españolas afectadas por el problema de la infertilidad. Todos los que se encuentran en esta situación saben que la Seguridad Social no es una opción viable para tratar esta enfermedad (según la OMS), en la que el factor tiempo tiene una gran importancia. Las listas de espera de más de dos años determinan que muchas personas como nosotros, que llevamos años cotizando, tengamos que acudir a clínicas privadas para buscar una solución, añadiendo al coste emocional el enorme peso del económico.

Con la nueva reforma de la Ley de Reproducción Asistida este último se va a convertir prácticamente en algo insalvable para los que no tenemos más salida que la fecundación in vitro (FIV) para concebir un hijo. Para los que no sean conocedores del tema, la FIV consta de los siguientes pasos: 1) Estimulación de la ovulación con medicamentos que la mujer ha de autoinyectarse; 2) punción de los óvulos en quirófano con anestesia general; 3) fecundación de los óvulos en laboratorio por distintos procedimientos según el diagnóstico; 4) transferencia intrauterina de dos a tres embriones. Todo este proceso tiene un coste aproximado de 6.000 euros; ahora bien, conforme a la ley actual, si hay embriones sobrantes se congelan y se utilizan para sucesivas FIV en el caso de que la anterior no haya sido exitosa o se busque un nuevo embarazo.

La posibilidad de utilizar embriones congelados supone ahorrarse los pasos 1, 2 y 3 que mencionaba anteriormente, que, traducido en euros, significa un ahorro de unos 5.000, por no hablar de la enorme ventaja que supone para nosotras no tener que pasar de nuevo por el calvario estimulación-ovulación-punción.

Con la reforma de la ley sólo se va a permitir fecundar tres óvulos, cantidad de embriones que normalmente suele transferirse, de forma que no van a existir sobrantes para congelación y en caso de fracaso de la FIV (algo muy normal) para la siguiente vamos a tener que comenzar todo el tratamiento desde el principio. Es bien sabido por todos que la Iglesia católica es contraria a este tipo de métodos de concepción, por lo que uno no puede evitar preguntarse si el Gobierno, ante lo impopular que resultaría su prohibición, con esta reforma lo que busca es conseguir el mismo efecto de una forma encubierta disuadiendo a todos los afectados a recurrir a ellos a base de trabas y dificultades, ignorando que ya es bastante obstáculo no poder tener hijos por métodos naturales.