Michavila pide consenso para completar la lucha contra la violencia doméstica

El carro echa a andar antes que uno de sus bueyes, pero ya camina. El Congreso aprobó ayer por unanimidad la orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica, pese a que aún está pendiente del visto bueno parlamentario alguna de las medidas de amparo inmediato que recoge (como la prisión provisional para el agresor que incumpla el alejamiento). También está sin aprobar todavía la reforma del Código Penal que endurecerá el tratamiento a los maltratadores. El ministro de Justicia, José María Michavila, pidió a los grupos parlamentarios consenso para aprobar los cambios lo antes posible y completar así las medidas de lucha contra la violencia doméstica.

La orden de protección a las víctimas de la violencia doméstica es ya una realidad. Los jueces podrán comenzar a dictarla en los próximos días, una vez que se publique en el Boletín Oficial del Estado. El Congreso aprobó ayer por unanimidad -y en un pleno extraordinario convocado con ese objetivo- la proposición de ley que crea esta nueva herramienta para proteger a las víctimas de la violencia doméstica. Todos los votos emitidos (272) lo fueron a favor de esta iniciativa en la que los grupos parlamentarios han trabajado con consenso. La satisfacción era general entre los diputados.

La orden permite a los jueces dictar medidas penales y civiles para proteger a la víctima de su agresor y activar la ayuda social y económica (300 euros al mes) en un plazo máximo de 72 horas tras recibir la denuncia.

Reforma penal pendiente

El ministro de Justicia, único miembro del Gobierno que acudió al Pleno, pidió en la Cámara que se mantenga ese clima de acuerdo para completar las medidas de lucha contra "una de las lacras más negras de la sociedad". José María Michavila pidió y ofreció consenso para aprobar los cambios pendientes en la batalla contra la violencia doméstica: la reforma de la normativa sobre prisión provisional y la del Código Penal, ambas en tramitación parlamentaria.

De hecho, la orden de protección nace con un lastre: algunas de las medidas que recoge están aún sin aprobar en las Cámaras. Es el caso de la prisión preventiva para los agresores que incumplan una orden de alejamiento de la víctima, prevista en la reforma sobre prisión provisional, o de la localización permanente del agresor.

Prácticamente todas las demás herramientas de la orden de protección (como la atribución cautelar del domicilio familiar y de la custodia de los hijos a la víctima o el alejamiento del agresor) están en vigor desde hace años. La novedad estriba en que a partir de ahora podrá dictarlas el juez (penal) de guardia al establecer la orden. Hasta la fecha sólo podía hacerlo el juez civil y con frecuencia esto ocurría meses después de la agresión por lo que la presentación de denuncia agravaba el riesgo para la víctima.

Michavila también quiere consensuar el endurecimiento del Código Penal para los maltratadores, en trámite en el Senado. Entre los cambios previstos figuran algunos de gran calado, como considerar delito la primera agresión (ahora es falta, lo que provoca un castigo menor). Igualmente, se incluirá la agresión psicológica entre los delitos de violencia doméstica.

La reforma penal establecerá igualmente la retirada definitiva de la custodia de los hijos a los condenados por maltrato. Igualmente establecerá la retirada de las armas (y de la licencia para portarlas) a los maltratadores.

La petición de consenso en la reforma legislativa topó con ciertas cautelas. El principal inconveniente que encuentran algunos grupos es que los cambios penales sobre violencia doméstica van incluidos en el mismo paquete que otros destinadas a incrementar la seguridad ciudadana. El más claro fue el portavoz del Bloque Nacionalista Galego, Carlos Aymerich, quien advirtió a Michavila: "No nos meta de matute otras mercancías".

Garantizar el presupuesto

Las portavoces del PSOE e IU, Micaela Navarro y Marisa Castro, respectivamente, incidieron en la necesidad de que cualquier consenso futuro se supedite a una financiación clara y suficiente de las medidas de lucha contra la violencia doméstica. Ante el pleno, Navarro advirtió: "La orden de protección es una puerta abierta a la esperanza si cuenta con recursos, y al precipicio si carece de ellos". Fuera del hemiciclo, pidió que en los presupuestos generales del próximo año se detallen las partidas de cada ministerio para la lucha contra la violencia doméstica.

Por su parte, la portavoz del Grupo Popular, María Jesús Sainz, también partidaria de prolongar el consenso, reconoció en el hemiciclo que la "eficacia plena" de la orden de protección se alcanzará con la aprobación de la reforma penal. En medios parlamentarios se espera que pueda producirse antes de que acabe este año.

Al igual que hicieron todos los portavoces, los de Coalición Canaria y el Grupo Vasco se felicitaron por la aprobación de la orden de protección. "Seguro que va a ser útil, pero venderla como panacea es humo", advirtió Margarita Uría (PNV).