El Tribunal de Cuentas embarga el sueldo del alcalde de Marbella, Julián Muñoz

El Tribunal de Cuentas ha embargado el sueldo de Julián Muñoz, alcalde de Marbella por el Grupo Independiente Liberal (GIL), para garantizar la "restitución" de más de 24 millones de euros (4.000 millones de pesetas) de fondos públicos cuyo destino no ha justificado el nuevo regidor marbellí en la sociedad municipal Jardines 2000, según señalan fuentes del órgano fiscalizador. El embargo tuvo lugar el pasado día 9 mediante un escrito remitido al tesorero del Ayuntamiento. El tribunal envió varios requerimientos hasta que se aceptó su ejecución.

El artículo 47 de la Ley de Funcionamiento del Tribunal de Cuentas 7/1988 faculta al órgano fiscalizador al embargo de los bienes de los presuntos responsables de las irregularidades contables si éstos no depositan o afianzan la cantidad desviada o no justificada, en este caso 24 millones de euros de una sociedad municipal dedicada al mantenimiento de zonas verdes y jardines de Marbella, que presidía Julián Muñoz, de 55 años.

Entre 1994 y 1999, Jardines 2000 recibió del Ayuntamiento marbellí 40,5 millones de euros y transfirió 33,3 a otras sociedades, sin que se haya justificado el empleo de 24, según determina la liquidación provisional que han efectuado los delegados instructores del Tribunal de Cuentas. Uno de estos funcionarios ha sido el que ha tomado la decisión del embargo preventivo, según señalan fuentes próximas a este órgano, dependiente de las Cortes Generales.

Estas transferencias a Jardines 2000 tenían por objeto "sustraer del control legal las disposiciones de fondos públicos", ya que no eran utilizadas por esta sociedad, "sino traspasadas a otras mercantiles municipales, con lo que se diluía el origen y control de los fondos", según la querella presentada por la Fiscalía Anticorrupción contra Jesús Gil, el ex alcalde inhabilitado, Muñoz y otras 33 personas de su equipo municipal.

Iniciativa inédita

La medida preventiva adoptada por el Tribunal de Cuentas es inédita en un Ayuntamiento de 100.000 habitantes, en el que este órgano auditor descubrió en el año 2001 decenas de irregularidades contables y 372 millones de euros (62.000 millones de pesetas) gastados o transferidos sin justificar. En el marco de esta fiscalización se ha decidido el embargo del sueldo del alcalde, que en la anterior legislatura superaba los 6.000 euros netos mensuales. En la actual, en la que el GIL revalidó su mayoría y obtuvo 15 concejales, todavía no se ha determinado qué sueldo cobrará Muñoz.

El examen de las cuentas municipales del GIL entre 1990 y 1999 destapó un caso de responsabilidad contable de alcance, término que utilizan los técnicos del tribunal para describir los supuestos en los que los gastos no se justifican con facturas que los avalen y cuando se ha producido un daño patrimonial para las arcas públicas.

Juan José Barrenechea, fiscal adscrito al tribunal, pidió a la Fiscalía General del Estado que actuara de oficio contra Gil y su equipo, y ésta puso el caso en manos de Carlos Jiménez Villarejo, fiscal Anticorrupción, que el pasado 20 de marzo presentó una querella en la Audiencia Nacional contra los concejales y colaboradores del GIL por los presuntos delitos continuados de prevaricación, malversación, contra la Seguridad Social y contra Hacienda.

Pero, además de esta vía de presunta responsabilidad penal que ahora tramita el juez Ismael Moreno, el Tribunal de Cuentas continúa su investigación por la vía contable, con la misión de restituir el dinero desviado. Y es en este contexto en el que se ha decidido el embargo del sueldo de Muñoz, que ha sustituido a Gil en la alcaldía después de que éste fuera inhabilitado por los tribunales para ejercer cargos públicos.

Los cinco delegados instructores que examinan las cuentas del Ayuntamiento de Marbella han citado durante los últimos dos años a los presuntos responsables de las irregularidades contables, organizado careos y reclamado la documentación de las 31 sociedades municipales que entre 1990 y 1999 recibieron del Ayuntamiento 141,8 millones de euros cuyo destino se desconoce.

El informe provisional, de 258 páginas, elaborado en 2001 por la Sección de Fiscalización, señaló que los responsables del municipio no entregaron los libros de estas sociedades ni la documentación que acreditara su actividad. Los técnicos del departamento de Corporaciones Locales, que entonces dirigía el consejero Andres Fernández Díaz, presentaron 2.283 folios en los que se acreditaban decenas de irregularidades contables y urbanísticas. Entre ellas destacan el pago sin justificar de 2,3 millones de euros a concejales, entre los que figura Muñoz; cuentas generales ficticias; sospechosas deudas; anulación de derechos de cobro; subvenciones sin acreditar; ventas dobles de terrenos; canje de bienes a cambio de préstamos, y 21 cuentas secretas.

En el terreno urbanístico, el informe del tribunal denunció la cesión de terrenos a precios inferiores a su valor y el daño que causaron a las arcas municipales los convenios urbanísticos suscritos por Gil con constructores, empresas y particulares. Se destapó la existencia de pactos previos del entonces alcalde con los compradores. La Junta de Andalucía ha denunciado centenares de licencias de obras concedidas por el GIL en Marbella con arreglo a un plan ilegal de ordenación urbanística. Más de 10.000 viviendas están fuera de la ley.