CiU pide que quien done un órgano tenga derecho a la baja

Un vacío legal hace que los donantes vivos de órganos en España estén desprotegidos. No se los considera como enfermos, por eso quien dona un riñón o parte de su hígado, no tiene derecho a una baja laboral, a pesar de que el posoperatorio puede durar semanas. CiU ha presentado una proposición no de ley para garantizarles cobertura. El texto se debatirá en septiembre y es apoyado por el PSOE. El PP guarda silencio.

El problema afecta, según la Organización Nacional de Transplantes, a 356 españoles, una cifra que reúne los transplantes renales y hepáticos de donante vivo realizados desde 1991. El número se eleva a 1.100 si se cuentan los casos transplantes de médula ósea, aunque en ellos los tiempos de hospitalización son menores.

"Lo que pretendemos mediante esta proposición no de ley", explica la diputada Zoila Riera, portavoz de Sanidad de CiU, "es hacer un acto de justicia con un colectivo pequeño, pero muy significativo en términos morales, que hoy está desprotegido, garantizándole cobertura legal a lo largo de toda su hospitalización, intervención y posterior rehabilitación". Riera apunta ciertas incongruencias derivadas de esa falta de legislación específica: "Se trata de casos que hoy son asimilados al de las personas que deciden someterse a cirugía estética. Donar un órgano no es comparable."

El texto insta al Gobierno a promover las modificaciones normativas y reglamentarias necesarias en los ámbitos laboral y social. El PSOE adelantó ayer su apoyo a la proposición presentada por CiU. "Es una buena iniciativa, que viene a llenar un vacío. Compartimos su espíritu y, más allá de las discusiones puntuales que puedan plantearse, vamos a apoyarla", afirmó Isabel López Ichamosa, portavoz adjunta de los socialistas ante el Pacto de Toledo. El grupo parlamentario del PP no hizo comentarios al ser preguntado por este periódico.

La legislación actual no da respuesta satisfactoria a la situación que se produce cuando una persona sana dona, en vida, órganos de su cuerpo o parte de ellos a otra que los necesita con urgencia para sobrevivir. Como se accede a una intervención quirúrgica de manera voluntaria, el donante no se encuentra en la situación de incapacidad temporal, prevista por la Seguridad Social. Esto supone que además de no percibir su prestación, el donante no tiene derecho a la suspensión automática del contrato de trabajo durante el período de convalecencia posterior a la operación, situación que puede generar complicaciones cuando quiera reincorporarse a su puesto de trabajo.

"El vacío legal fue denunciado por los propios donantes el 7 de julio", explica Martín Manyalich, jefe de la Unidad de Coordinación de Transplantes del Hospital Clínico de Barcelona, donde en 2002 se realizaron trece operaciones de este tipo. Ese día se creó la Asociación Española de Donantes Intervivos de la que Manyalich es asesor.

Negociaciones

Los donantes reclaman que su situación se equipare a la de las mujeres de baja por maternidad, que reciben durante ese período el mismo salario y tienen garantizado su retorno al puesto de trabajo. Han iniciado, también, negociaciones con las compañías aseguradoras. "La idea es que las compañías no apliquen penalidades u obliguen a pagar primas mayores a un donante que quiera contratar un seguro, sólo por el hecho de tener un órgano menos".

Los transplantes de riñón con donante vivo comenzaron a realizarse en España en 1989, como complemento de los programas de transplante con órganos de donantes fallecidos, para disminuir los tiempos de espera y las tasas de mortalidad. En 1993 se sumaron los de lóbulo hepático. Desde entonces esta técnica han permitido salvar la vida a 356 personas, 88 de las cuales son niños.