En saco roto

El Grupo de Estados contra la Corrupcion (GRECO) del Consejo de Europa, del que España forma parte desde 1999, ha vuelto a echar un serio rapapolvo al Gobierno sobre sus graves incumplimientos en esta materia. Hace dos años, en su primer informe relativo a España, este organismo señalaba graves carencias en la respuesta institucional española al fenómeno de la corrupción y recomendó al Gobierno determinadas medidas para corregirlas. El Gobierno no sólo ha echado en saco roto esas recomendaciones, sino que en aspectos clave en la lucha contra la corrupción, como la independencia de los fiscales para investigarla, ha dado significativos pasos atrás con la reciente reforma del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal.

Es posible que, como ha señalado el vicepresidente Rajoy, la corrupción político-administrativa no sea hoy uno de los "problemas capitales" que preocupan a los españoles. Pero aparte del comprensible interés de Rajoy por quitar hierro a la reprimenda dirigida al Gobierno, es posible que la actitud de los españoles se deba a que dan por perdida la batalla contra la corrupción y que no otorgan ningún crédito a las iniciativas de los poderes públicos para combatirla. En todo caso, el Gobierno no ha hecho nada de lo que se le dijo hace dos años. El principal reproche que se mantiene es que carece de "una estrategia global y multidisciplinaria", en la que estén implicadas las administraciones públicas, para hacer frente a las variadas manifestaciones del fenómeno. Y como hace dos años, los puntos más endebles de la respuesta institucional a la corrupción se sitúan en el ministerio fiscal y en las autoridades administrativas.

El Ejecutivo no sólo no ha establecido ningún código de conducta en el ámbito funcionarial público, sino que sigue sin dotar de medios suficientes a la Fiscalía Anticorrupción, creada en 1995 a iniciativa del PP a raíz de los escándalos en la administración socialista. Y para postre, en vez de dotarla de más medios hace cábalas sobre su supresión, tal como ha avanzado el propio fiscal general del Estado. El estatus de este último al frente del ministerio público es especialmente cuestionado: depende del Gobierno, sus relaciones con el Ejecutivo son totalmente opacas y no están regulados sus competencias y sus criterios para decidir sobre las investigaciones.

Sin duda, el cuestionamiento de su escasa autonomía para investigar la corrupción sería todavía más severo de haberse elaborado el informe tras la reciente reforma del Estatuto Orgánico.