Sanidad anuncia que potenciará los abortos en los hospitales públicos

Sanidad anunció ayer que la red pública asumirá "la mayor parte" de las interrupciones de embarazos. De llevarse adelante, esta situación dará un vuelco total a la actual en la que los abortos descansan sobre las espaldas de las clínicas privadas: en 2001, la red pública sólo practicó el 0,2% de estas intervenciones. El compromiso se produce una semana después de que las clínicas de Castellón y Valencia se negaran a practicar más intervenciones por los retrasos de Sanidad en pagar las operaciones y la extinción del concierto de 1993.

"Respetando la objeción de conciencia de nuestros profesionales, la intención es hacer el máximo de interrupciones de embarazo posible en nuestros hospitales", señaló ayer a este periódico el director general de Asistencia Sanitaria de la Consejería de Sanidad, Melchor Hoyos, quien añadió, "tenemos la infraestructura y el personal necesario". Hasta el momento, Hoyos señaló que había mantenido contactos con los hospitales de La Plana, en Castellón, el Doctor Peset en Valencia, Requena, Dénia, Orihuela y General de Alicante, y que la intención era hacerlo con el resto de la red asistencial para articular una fórmula que lo posibilite. Hasta el momento, desde la despenalización del aborto, las intervenciones que se realizan se han realizado de forma aplastantemente mayoritaria en las clínicas privadas, en buena medida por la tradicional oposición a practicar estas intervenciones por parte de equipos sanitarios amparados en la objeción de conciencia. Esta situación, sin embargo, ya no podría ser un obstáculo, ya que, según Hoyos, "las plantillas son más jóvenes y el perfil de los profesionales ha cambiado".

El objetivo de Sanidad es llegar hasta donde sea posible con sus centros y completar la asistencia con acuerdos con el sector privado. Con este golpe de timón en la política sanitaria mantenida hasta el momento, Sanidad pretende "incrementar los niveles de calidad" y ofrecer servicios complementarios, como la atención psicológica. Además tampoco esconde el ahorro que puede producirse con esta "optimización de recursos", algo que se podría extender a otras áreas, como comentó Hoyos.

El anuncio se produce una semana después de que las cuatro clínicas que practican abortos en Castellón y Valencia, -pertenecientes a las Clínicas Mediterránea Médica y Acuario- comunicaran a Sanidad su intención de no realizar más intervenciones concertadas a partir del próximo día 15, a la que se han sumado la práctica totalidad de los centros de Alicante. La postura de las clínicas respondía a los retrasos sistemáticos del pago de las pacientes remitidas por la consejería, lo que ponía en peligro la salud financiera de las clínicas "y si quiebran las clínicas quiebra el derecho al aborto en España ya que son éstas quienes lo han garantizado durante años", a juicio del responsable de las clínicas Mediterránea, Josep Lluís Carbonell. El último abono realizado este año por Sanidad fue el correspondiente a enero, como señalaba ayer Carbonell, que calcula en una cifra en torno a 1,5 millones de euros la deuda global de Sanidad con el sector. A ello suma que se había llegado a una situación de agotamiento del concierto, firmado en 1993, que se había prorrogado al máximo hasta extinguirse, por lo que Sanidad seguía remitiendo pacientes sin cobertura legal y sin renovar el concierto. CC OO en una nota solicitó la renovación del concierto y que se garantice a las mujeres el derecho de la interrupción del embarazo.

Carbonell mostró ayer su satisfacción por el anuncio de Sanidad "si se cumple" y mostró la colaboración de sus clínicas con la consejería. También la diputada socialista Consuelo Catalá saludó la puesta en marcha de la "reivindicación histórica" que supone potenciar desde el sector público el aborto y apeló a aprovechar la experiencia de las clínicas privadas. Además, exigió un plan detallado con dotación presupuestaria que permita poner en marcha esta medida y dar la vuelta a la situación. En 2001, de 6.819 abortos practicados, sólo 16 tuvieron lugar en centros públicos, (un 99,8%), cifras que se repiten los últimos años. En 2000 y 1999 el peso de las clínicas fue del 99,9% y en 1997, las 4.252 tuvieron lugar en centros privados.