Rubicón vasco

Hace unas semanas, Jaime Mayor Oreja, aunque sin mencionar expresamente el artículo 155 de la Constitución (CE), declaró públicamente que, en el caso de que el Estado tuviera que acabar recurriendo a medidas excepcionales para hacer entrar en razón al Gobierno vasco, únicamente a éste podría hacerse responsable de que dichas medidas tuvieran que ser tomadas.

No es la primera vez a lo largo del último año en que sale a relucir, de manera expresa o implícita, la coacción federal prevista en el artículo 155 CE como destino casi inevitable de la autonomía vasca. En varias ocasiones y desde distintas opciones políticas se ha mencionado esa posibilidad. Cada vez que ha ocurrido esto el portavoz del Gobierno o el secretario general del Partido Popular han desmentido que se esté contemplando siquiera el estudio de medidas de esa naturaleza.

Tal vez podría pensarse que no hay tampoco que prestarle mucha atención a esta referencia al artículo 155 CE, si no fuera porque en esta última invocación concurren dos circunstancias que no se han dado antes:

1ª. Que quien ha sacado a relucir la posibilidad de recurrir a la coacción federal ha sido Jaime Mayor Oreja y que, como ha subrayado Josep Antoni Duran Lleida, lo que Mayor Oreja propone en relación con el País Vasco acaba convirtiéndose en acción de gobierno. De ahí que el dirigente nacionalista catalán solicitara que el Gobierno desmintiera expresamente las declaraciones de Mayor Oreja.

2ª. Que, a diferencia de lo que ha ocurrido en anteriores ocasiones, en este caso no ha habido desmentido gubernamental. Ausencia de desmentido que fácilmente puede ser interpretado como la confirmación de que se está estudiando ya la aplicación de medidas excepcionales para el País Vasco.

Buena prueba de ello es que Jaime Mayor Oreja no sólo no ha rectificado sus declaraciones anteriores, sino que ha seguido en la misma línea, aunque en términos todavía más rotundos. En EL PAÍS de ayer (página 17) se nos informaba de que el ex ministro del Interior había dicho en Aranjuez que el "PNV ha dejado de ser un partido democrático" y pedía al resto de las fuerzas políticas que lo expresen de ese modo y "pierdan sus complejos" al referirse al nacionalismo vasco. Con el plan soberanista de Juan José Ibarretxe, el Partido Nacionalista Vasco, según Mayor Oreja, habría dado "el primer golpe contra la Constitución tras el 23 de febrero de 1981".

¿Qué es lo que se puede hacer con un partido antidemocrático y golpista? ¿Se le puede permitir que "concurra a la formación y manifestación de la voluntad popular" (art. 6 CE) juntamente con los demás partidos democráticos? ¿Qué es más peligroso, un partido como Batasuna que tiene vínculos con el terrorismo o un partido como el PNV que está directamente propiciando un golpe de Estado? ¿Se está preparando el terreno para poner fuera de la ley también al PNV?

En política, las palabras comprometen más que las conductas. Un Gobierno o un partido acaban quedando prisioneros de su discurso, una vez que éste ha sido transmitido a la opinión pública de manera reiterada e inequívoca. Hay un momento en el que ya no se puede dar marcha atrás, en el que la acción política sólo tiene credibilidad si se adecua a lo que ha sido el discurso que la explica y justifica. Me temo que ese Rubicón lo ha pasado ya el Partido Popular y el Gobierno en su política respecto del País Vasco y que para eso es para lo que está preparando a la opinión pública Jaime Mayor Oreja.