La Vital amenaza con recurrir el "intervencionista" decreto de cajas

El presidente de la Caja Vital, Pascual Jover, aseguró ayer que si el Gobierno no modifica los aspectos más intervencionistas del decreto de desarrollo de la Ley de Cajas, es más que probable que recurran varios artículos. Jover cree que Lakua se "extralimita" al querer dirigir la obra social, "y nos resta competitividad" al exigir un control previo en algunas operaciones e inversiones. La batalla judicial estará servida si el Gobierno impone el decreto, ante el previsible rechazo de la asamblea de la Vital a adaptar sus estatutos al nuevo marco, como ya hizo la asamblea de la Kutxa.

La BBK ha sido la primera, y podría ser la única de las tres cajas vascas, en adaptar sus estatutos a la nueva Ley de Cajas aprobada el 7 de mayo en el Parlamento vasco, que a su vez era una adaptación a la Ley Financiera, aprobada a finales del pasado año en las Cortes Generales. La asamblea de la Kutxa ya rechazó en su asamblea la reforma propuesta hace algunas semanas, y lo más probables es que el mismo órgano de la Vital se oponga también el 18 de julio.

La oposición de las asambleas de la Kutxa y de la Vital se basa en que, con la nueva reglamentación, los empleados pierden peso en la gestión, las instituciones reducen escasamente su presencia en estas entidades financieras y los impositores y empleados de fuera del territorio natural de las cajas de ahorros apenas tienen representación en la asamblea.

Segunda batalla

A esa oposición en el seno de las asambleas de las cajas, la Vital anunció ayer una segunda línea de confrontación, esta vez de carácter judicial, si el Gobierno vasco se empeña en no modificar los aspectos más intervencionistas del proyecto de reglamento que desarrolla la Ley de Cajas vascas, cuya aprobación está prevista para octubre. Ante el vacío legal que se abrirá tras la negativa de Kutxa y Vital a adaptarse a la nueva regulación, el Gobierno vasco intentará imponer en ese reglamento la obligatoriedad de aplicar unos estatutos acordes con la nueva Ley de Cajas.

El decreto, al que las cajas ya han presentado alegaciones, cuenta de entrada con la oposición frontal de Kutxa y Vital, y la más matizada de la BBK, porque establece medidas muy duras de control, como la obligatoriedad de la autorización oficial para la apertura y cierre de oficinas y para la compra de participaciones empresariales, además de establecer directrices para la dedicación de la obra social. Aunque la vicelehendakari Idoia Zenarruzabeitia declaró el martes, tras el Consejo de Gobierno que habían recibido alegaciones "muy interesantes", el Ejecutivo todavía no ha emprendido el camino del diálogo y la negociación con los responsables de las entidades de ahorro para resolver el problema.

Jover declaró ayer que si el Gobierno impone el decreto sin modificar esos aspectos "que se extralimitan de la Ley de Cajas y que nos restan competitividad, es muy probable que sean recurridos". La Vital considera que esos artículos son recurribles por la vía contencioso administrativa, aunque es también consciente de que posiblemente el tribunal no dictaría la paralización cautelar de la vigencia del decreto.

Una tercera batalla, aunque esta vez desde Madrid, se plantearía si finalmente el Gobierno central impugna ante el Constitucional, como ya anunció el PP vasco, la nueva Ley de Cajas vascas.

Fusión de las cajas

Jover, que ayer ratificó que el próximo año dejará la presidencia de la Vital, no cree que detrás del intervencionismo que exhibe el Gobierno y de la sustitución anticipada en la presidencia de la BBK de José Ignacio Berroeta por Xabier de Irala se esconda alguna operación planificada para acelerar la fusión de las tres cajas vascas. Es este un proyecto que el PNV ha expresado reiteradamente, sin dar pasos decididos para su plasmación. Sin embargo, el mandatario de la Vital mostró algunas dudas sobre la misión reservada Xabier de Irala al frente de la BBK, ya que su retribución se ha reducido sustancialmente al pasar de la presidencia de Iberia a la de la caja. Para Pascual Jover, detrás del "intervencionista" decreto que está desarrollando el Gobierno se esconde un intento de controlar, sobre todo, Caja Vital, que está en manos del PP y del PSE, y de obtener nuevos fondos para financiar sus planes de crear un "especio cultural vasco". El Gobierno y el PNV tampoco están especialmente satisfechos con la dirección de la Kutxa.