Condenados al poder

Hacía tiempo que los principios sobre la regeneración política defendidos por el Partido Popular y sus exigencias de apartamiento de la vida pública de cualquier sospechoso de corrupción, incluso antes de un pronunciamiento firme de los tribunales, habían dejado de superar la prueba de la práctica. Quedan lejos los tiempos en que el PP, y especialmente el entonces líder de Alianza Popular en Castilla y León, José María Aznar, emplazaba a dimitir en 24 horas a Demetrio Madrid, presidente socialista de dicha comunidad entre 1983 y 1986, envuelto en un proceso sobre la venta de una empresa familiar y del que saldría absuelto con todos los pronunciamientos favorables.

El PP no hace ascos hoy a aportar sus votos para designar como presidente del Cabildo Insular de Lanzarote a Dimas Martín, condenado por el Supremo en 2001 a tres años de prisión y a otros tantos de inhabilitación por un delito de cohecho, con otras cuatro condenas sobre sus espaldas y pendiente de un juicio por malversación de caudales públicos. Y no encuentra reparo en que un condenado por fraude electoral y un imputado en el caso Formentera, relacionado con una trama de supuesta manipulacion electoral y malversación de fondos públicos, entren a formar parte como consejeros del nuevo Gobierno balear presidido por el ex ministro Jaume Matas.

Es posible que no haya obstáculo legal a que estas personas puedan seguir ejerciendo funciones públicas. Pero es chocante que un condenado a tres años de cárcel en 2001, e inhabilitado durante el tiempo de condena, haya podido concurrir a las recientes elecciones y acceder a un cargo público representativo por más que haya solicitado un indulto. La ley autoriza en ese supuesto la suspensión de la pena privativa de libertad, pero en ningún caso la de inhabilitación. El Consejo del Poder Judicial debería investigar si esa aberración jurídica tiene su origen en la Audiencia de Las Palmas que condenó en primera instancia al recién elegido presidente del Cabildo de Lanzarote.

No son cuestiones de estricta legalidad, sino de moral política y de limpieza de la vida pública, las que en tiempos blandía el PP para apartar a los sospechosos de corrupción. El designado presidente del Cabildo de Lanzarote con los votos del PP no es un sospechoso, sino un convicto de corrupción según los tribunales. Tampoco un condenado por fraude electoral, aunque tenga cancelados los antecedentes penales, constituye el prototipo deseable de consejero en un Gobierno y trasciende los límites de la mera sospecha si se trata de alguien imputado por integrar una trama dedicada a la manipulación electoral y a la compra de votos por correo con fondos provenientes de las arcas públicas.