España es el único país de la Unión Europea que carece de un órgano de control audiovisual

La creación de un consejo audiovisual que regule la programación de la radio y la televisión lleva en España ocho años de retraso. La Comisión Especial de Contenidos Televisivos del Senado, presidida por Victoria Camps, aprobó por unanimidad la creación de una autoridad independiente en 1995, pero su desarrollo está congelado por falta de consenso político. Además, el Comité de Ministros del Consejo de Europa dictó en diciembre de 2000 una recomendación a los Estados miembros para la puesta en marcha de estos organismos. España es, tres años después, la excepción en la Unión Europa.

A la salvedad española se une Luxemburgo, país que ha desarrollado un modelo audiovisual no equiparable al del resto de los países de la Unión Europea. Y dentro de España la excepción es Cataluña y la Comunidad de Madrid, que han constituido órganos de vigilancia de radio y televisión, pero sus competencias se reducen a sus respectivas áreas de cobertura.

La asignatura pendiente sigue siendo un ente de ámbito estatal. El Gobierno había previsto en el anteproyecto de Ley General de Radio y Televisión la creación de un Consejo de Medios Audiovisuales, dependiente de la Comisión del Mercado Audiovisual de las Telecomunicaciones y designado por el Gobierno. Ni siquiera esta fórmula, rechazada por los principales partidos de la oposición, saldrá adelante. El Ejecutivo ha dado marcha atrás y en esta legislatura no habrá ley audiovisual.

Las reformas más urgentes se abordarán a través de la Ley de Acompañamiento de los Presupuestos Generales del Estado. Y la creación de un consejo audiovisual no está entre las preferencias del partido en el Gobierno pese a que, en 1998, la portavoz del PP en materia de Telecomunicaciones, Ana Mato, defendió una proposición no de ley en el Congreso para su creación. Esta entidad, decía Mato, estaría encargada de "proteger la libertad de expresión, la libre competencia y los derechos de los ciudadanos como usuarios de los medios de comunicación". Sus miembros serían nombrados por el Gobierno, ya que "es menos político y más independiente" que si se eligen "por cuotas políticas".

Este mecanismo de elección es radicalmente contrario al defendido por el Consejo de Europa, del que forman parte 45 Estados, en diciembre de 2000. El Comité de Ministros recomendó a los Estados miembros que carecían de autoridades independientes de regulación del sector audiovisual su creación. Y aportaba un documento de 27 puntos con las pautas para que las legislaciones de los respectivos países impulsaran los instrumentos necesarios para llevar a cabo sus funciones de una manera "independiente y transparente". Dejaba claro que estos organismos debían estar a salvo de cualquier tipo de injerencia por parte de instancias públicas o privadas y definía los criterios que debían regirlos.

Para el Consejo de Europa, la composición es el elemento esencial de su independencia. De modo que sus miembros deberán ser elegidos de manera "democrática y transparente" y tener competencias para controlar los contenidos de la radio y la televisión, otorgar licencias de radiodifusión o participar en los planes de distribución de frecuencias.

En materia de contenidos, especificaba que las autoridades reguladoras no deberían ejercer un control previo de la programación, pero sí vigilar que las emisiones se ajustan a las directivas comunitarias.

A grandes rasgos, este modelo se ajusta al promovido por el PSOE en su Reforma del Sector Audiovisual, presentada en octubre de 2002. Los socialistas propusieron un organismo independiente del Gobierno y con poder sancionador, capaz de garantizar el pluralismo y el cumplimiento de la ley. Sobre este organismo recaería la responsabilidad de poner coto a la contraprogramación y a los excesos publicitarios de las emisoras de televisión.

El modelo del PSOE contrasta con el defendido por el PP. El partido en el Gobierno se pronunció el mes pasado en el Senado a favor de la creación de un consejo de medios audiovisuales, pero en el Congreso votó en contra de una proposición no de ley presentada por el PSOE en el mismo sentido.

Cataluña sacó adelante el Consejo Audiovisual de Cataluña (CAC) hace tres años. De sus diez miembros, nueve son elegidos por el Parlamento autonómico a propuesta, como mínimo, de tres grupos parlamentarios, y por una mayoría de dos tercios. Tras escuchar su opinión, el Gobierno propone y elige al décimo. Tiene como misiones velar por el respeto de los derechos y libertades, garantizar el cumplimiento de las normas de programación y publicidad, la neutralidad y honestidad informativa.

El Consejo Audiovisual de Madrid, creado en 2001, no es precisamente un modelo que se ajuste a las recomendaciones del Consejo de Europa. Lejos de ser independiente, está adscrito a una consejería. Tres miembros son designados por la Asamblea de Madrid a propuesta de los grupos parlamentarios y otros cuatro son representantes de la Administración regional. Además, figura un representante de la Oficina del Defensor del Menor y otro de las organizaciones de consumidores, elegido igualmente por la Comunidad. Asesora, elabora informes para el Gobierno autonómico y vela por los contenidos audiovisuales, pero carece de competencias para otorgar licencias o imponer sanciones.