Cuatro tribunales autonómicos apoyan el tendido de antenas

El conflicto por las trabas que ponen los ayuntamientos a las compañías para el despliegue de antenas de telefonía móvil en España ha llegado a los tribunales. Los tribunales superiores de justicia (TSJ) de Andalucía, Valencia, Murcia y Cataluña ya se han manifestado sobre este conflicto y, aunque con diversos matices, sus sentencias coinciden en rechazar aspectos fundamentales de las ordenanzas municipales basándose en que están invadiendo competencias del Estado, y que los supuestos daños para la salud que pretenden atajar no están demostrados, según los operadores.

"Es necesario dejar sentado que la Corporación Municipal carece de competencia, al no existir norma legal que así lo disponga, para establecer medidas adicionales medioambientales o sobre la salud, pues dicha competencia le viene atribuida al Estado y a las comunidades autónomas, debiendo limitarse en exclusividad a una actividad de control de las medidas medioambientales". En estos términos se expresa la última sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) contra la ordenanza municipal de antenas de Écija (Sevilla), dictada el pasado 10 de abril de 2003.

Otras sentencias

Ésta no es la primera sentencia del TSJA, que también ha rechazado aspectos importantes de las ordenanzas de antenas en Conil (Cádiz), Villa de Río, Hinojosa del Duque, Santiponce y Aguilar de la Frontera (Córdoba), estas últimas similares a la que acaba de aprobar el Ayuntamiento de Córdoba, y que las operadoras también someterán a recurso ante el tribunal andaluz, informaron en fuentes de las compañías.

También se ha pronunciado el TSJ de Murcia, que ha dictado sentencia contra la ordenanza de Los Alcázares en la que se vuelve a mencionar la jurisprudencia constitucional para rechazar aspectos importantes de dicha normativa local, o el TSJ de Valencia, que ha anulado aspectos importantes de la ordenanza de Albatera (Alicante).

En las sentencias se señala que los ayuntamientos deben controlar el desarrollo urbanístico de sus municipios y velar por la salud de sus ciudadanos y el respeto medioambiental, pero sin traspasar ni contradecir la legislación autonómica y estatal. No obstante, el TSJ de Cataluña, aunque apoya el despliegue de antenas, se ha mostrado más cauto a la hora de delimitar el poder local, y considera menos clara la frontera entre las competencias municipales, las autonómicas y las estatales.

Según los operadores, estos pronunciamientos de los tribunales están poniendo en entredicho ordenanzas de antenas de capitales como Albacete, Barcelona, Córdoba, Granada, Santander, Sevilla, Valencia, Valladolid, Sevilla o Zaragoza, entre otras, hasta alcanzar en torno a 500 ordenanzas en toda España.