La Vital renuncia a exigir la retirada del reglamento de cajas

El Consejo de Administración de la Caja Vital renunció ayer a pedir la retirada del polémico borrador del reglamento elaborado por el Gobierno vasco para desarrollar la Ley de Cajas, modificada el mes pasado. Pese a ello, la dirección expresó su oposición a las intenciones del Departamento de Hacienda, que busca un mayor intervencionismo en las decisiones importantes de las entidades de ahorro. La Vital presentará hoy unas alegaciones en las que se pide a la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia, que rectifique y cambie sustancialmente el documento.

Los consejeros consensuaron ayer tarde las alegaciones que presentará la Caja Vital ante el Gobierno, aunque dejaron en manos del presidente, Pascual Jover, y del asesor jurídico la elaboración de los últimos matices. Hoy termina el plazo para su presentación, y Jover adelantó ayer que ha preparado un documento "de tipo genérico", que no entra en detalle en los artículos más polémicos del borrador. Pese a todo, expresa la enérgica protesta de la entidad alavesa contra unas directrices que entiende demasiado "intervencionistas".

La Vital tenái capacidad legal para pedir la retirada del borrador, dado que no comparte la mayoría de sus argumentos y su articulado más importante. Sin embargo, ha optado por una vía menos agresiva, tratando de cambiar el espíritu del texto que intenta promover el departamento de la vicelehendakari, Idoia Zenarruzabeitia.

A pesar de que la Vital está dominada políticamente por los partidos constitucionalistas, en este aspecto coincide en lo básico con las otras dos cajas vascas, la BBK y la Kutxa. De hecho, la BBK ya ha pedido que se cambie el borrador, que se dé vía libre a una mayor liberalización de la que quiere imponer el Gobierno y que éste introduzca las variaciones necesarias en colaboración con las tres entidades afectadas. Al elaborar el texto, el Gobierno vasco no pulsó la opinión de las entidades y lo envió directamente al Consejo Económico y Social (CES) para que emitiera el preceptivo dictamen, pese a recalcar su intenciñón de dialogar con las cajas.

La Ley de Cajas de Ahorro vascas se aprobó en mayo gracias a la ausencia de varios parlamentarios socialistas y del Partido Popular. El Ejecutivo debe ahora desarrollar un reglamento. En la anterior ley, de 1991, no existía un texto de estas características. Sin embargo, el borrador que ha preparado el Departamento de Hacienda no ha gustado a ninguna de las entidades afectadas porque cambia radicalmente la situación actual.

El texto no difiere demasiado de los que están vigentes en otras comunidades, como Andalucía. Sin embargo, marca unas directrices de un carácter claramente intervencionista. Entre las obligaciones que se imponen a las cajas de ahorro, figura la de pedir autorización al Gobierno para invertir en otras empresas. También se debe remitir a Hacienda la propuesta de cómo distribuir los resultados del ejercicio anterior, así como el proyecto de presupuesto de la obra social de ese año y la liquidación del anterior presupuesto. El Gobierno quiere marcar las pautas que deben seguir las cajas en su obra benéfico-social y éstas necesitan consultar su intención de abrir o cerrar alguna sucursal, y a la hora de publicitar cualquiera de sus productos financieros. En el proyecto también se introduce como novedad el publicar la remuneración de los presidentes de las entidades. Tanto Jover como los dirigentes de las otras cajas han criticado el intervencionismo que pretende el Gobierno.

Asamblea

Pascual Jover ha criticado en los últimos días que la regulación de las cajas pretendida por el Gobierno no afecta, en cambio, a otras entidades financieras radicadas en el País Vasco, en clara alusión al BBVA o a Caja Laboral.

Además de acordar ayer el contenido de las alegaciones al borrador, el Consejo de Administración confirmó ayer la convocatoria de una asamblea ordinaria para el 18 de julio. Ese día se deben adaptar los estatutos de la Caja Vital a la nueva ley aprobada por el Gobierno autónomo.

Este trámite ya ha originado algún problema en Guipúzcoa, en la Kutxa. Su asamblea rechazó, por un voto de diferencia, la modificación de los estatutos, a pesar de que las tres cajas están obligadas a hacerlo antes del 7 de agosto. Este contratiempo ha dejado al Gobierno a la expectativa. De mantenerse la rebeldía de la Kutxa, el Gobierno lo exigirá a su Consejo de Administración.

La BBK celebra mañana en Bilbao la asamblea donde debe votarse el mismo cambio de los estitutos.