Extorsión en la policía de Moscú

El ministro del Interior de Rusia, Borís Grizlov, líder del partido Rusia Unida (RU), ha querido dar un impulso a su campaña preelectoral e indicar a sus escépticos compatriotas que el Gobierno está dispuesto a luchar contra la corrupción. Para ello, ha organizado esta semana una redada en las instituciones responsables del orden público, que culminó con la detención de seis funcionarios policiales de nivel medio (tres coroneles y tres tenientes coroneles) y un general del Ministerio de Situaciones de Emergencia.

Los detenidos, según representantes del Ministerio del Interior, son sólo una pequeña parte de un grupo delictivo de más de 100 personas que operaba dentro de la policía de Moscú y que, entre otras cosas, se dedicaba a extorsionar a los establecimientos comerciales de la capital a cambio de "protección", así como a inventar expedientes delictivos con empleo de pruebas falsas.

Por la forma en que transcurrió la redada y la apresurada publicidad dada a la misma, los observadores y defensores de derechos humanos se inclinan a pensar que es una operación para potenciar la imagen del ministro del Interior y del partido Rusia Unida, que respalda al presidente Vladímir Putin.

La operación, divulgada a bombo y platillo por las cadenas de televisión estatales, se produjo poco después de que una encuesta del prestigioso Centro de Estudios de la Opinión Pública (CEOP) indicara que la mayoría de los rusos cree que, desde la llegada al poder de Putin hace más de tres años, la corrupción entre los dirigentes del Estado se mantiene igual que en época de su predecesor (59%), Borís Yeltsin, e incluso ha aumentado (17%).

Descenso de popularidad

La popularidad del presidente, a pesar de ser muy alta, ha comenzado a descender. En mayo, un 45% de los rusos (7 puntos menos que dos meses atrás) expresó su confianza en Putin y un 23% su desconfianza. Según el sociólogo Leonid Sedov, "el campo de acción menos impresionante del presidente es, para la opinión pública, la lucha contra la corrupción entre los dirigentes del país".

La Administración presidencial, muy sensible ante los sondeos, reacciona con alarma ante cualquier indicio de deterioro de la imagen de Putin y también ante la debilidad del amorfo partido Rusia Unida que, pese a sus inmensos recursos, no ha alcanzado a los comunistas, favoritos para las elecciones parlamentarias de diciembre.

Las detenciones de los funcionarios se realizaron el 23 de junio en diferentes lugares de Moscú, a partir de la madrugada. Centenares de agentes divididos en pequeños grupos detuvieron a los sospechosos mayoritariamente en sus lugares de trabajo, comenzando por el general Vladímir Ganéyev, que dirigía el Departamento de Seguridad del Ministerio de Situaciones de Emergencia. El responsable de seguridad del Ministerio del Interior, Konstantín Romodánovski, dijo que, en la redada, fueron incautados tres millones de dólares y se descubrieron dachas en las que había "WC de oro", según Interfax.

El secreto con el cual la operación venía planificándose desde hacía meses, no impidió avisar a los medios de comunicación de que se preparaba una acción espectacular y organizar una amplia cobertura en directo de las detenciones con focos y cámaras. "Esto no es el comienzo de la lucha, sino su continuación y no es el final", dijo Grizlov, quien tranquilizó sin embargo a sus subordinados, asegurando que no habrá una campaña de represión en su ministerio. El ministro indicó que los próximos afectados pueden ser los guardias de tráfico.

Por su parte, Romodánovski aseguró que se había descubierto un taller que transformaba pistolas de gas en pistolas auténticas. Un arma de este tipo habría sido utilizada en abril para asesinar al diputado Serguéi Yushenkov. Ayer fueron detenidos dos sospechosos.

La práctica de atribuir a los detenidos la posesión de armas y drogas para poder incriminarlos no es una novedad y está muy extendida en los medios policiales rusos. En el otoño pasado, tras la toma de rehenes en un teatro de Moscú, hubo un brusco incremento de las acusaciones fabricadas contra ciudadanos rusos de origen checheno. Svetlana Gánushkina, del centro Memorial, afirma que en otoño e invierno de 2002, decenas de personas se dirigieron a las organizaciones defensoras de derechos humanos para denunciar acusaciones fabricadas contra sus parientes. "No creo que esta operación pueda influir en el destino de mis clientes", señalaba Abusupián Gaitáyev, abogado de varios casos en los que, según dice, la policía colocó drogas o armas en posesión de los detenidos para incriminarles.