Emilio Botín no se plantea dimitir de la presidencia del SCH pese a la imputación

El presidente del SCH, Emilio Botín, no se plantea dimitir de su cargo a pesar de que está a las puertas del juicio oral del caso de las cesiones de crédito, lo que le imputa a él y al consejero Rodrigo Echenique, junto a otros ex directivos de la entidad, por delito fiscal y falsedad documental. Fuentes del banco afirmaron que "no habrá dimisión temporal ni definitiva" porque la legislación del Banco de España y la de Estados Unidos no lo exigen. Para el SCH, esta situación supone la apertura de un nuevo frente judicial cuando todavía no están cerrados los referentes a los pagos de Amusátegui y Corcóstegui.

El Santander Central Hispano se aferró a la legislación española y la normativa interna de la entidad para afirmar que "no habrá dimisiones". Emilio Botín (Santander, 1934), además de presidente del SCH, es consejero de Bankinter y del Royal Bank of Scotland. Rodrigo Echenique (1946), que era consejero delegado del Banco Santander cuando se comercializaron las cesiones, es uno de los principales consejeros del banco, ya que pertenece a la comisión ejecutiva, principal órgano de gestión, así como a cuatro comisiones más. También es consejero de NH Hoteles.

Diferentes fuentes comentaron ayer la posibilidad de una dimisión temporal de Emilio Botín, que cedería el puesto a su hermano Jaime Botín (Santander, 1936), vicepresidente primero, hasta que se resuelva el caso. El banco descartó tajantemente esta posibilidad.

Los estatutos del consejo dicen que "en caso de ausencia, imposibilidad o enfermedad del presidente, sus funciones serán desempeñadas por el vicepresidente, o el vicepresidente primero" (Jaime Botín) "en el caso de que hubiera más de uno".

Durante el periodo de copresidencia (de 1999 a 2002), Jaime Botín era el único que podía asumir la presidencia del banco si algo le sucedía a su hermano Emilio, por delante del ex copresidente José María Amusátegui y del ex vicepresidente Ángel Corcóstegui, lo que denota la confianza depositada en él. Hasta el 20 de marzo de 2002, Jaime Botín era presidente de Bankinter, entidad controlada por su familia, y pasó a ser asesor del consejo. Su puesto lo ocupó Juan Arena, que sigue en el cargo.

Reputación

También el Estatuto del Consejero establece que éstos pondrán su cargo a disposición del consejo "en los casos que puedan afectar negativamente al funcionamiento del consejo o al crédito y reputación de la sociedad y, en particular, cuando se hallen incursos en algún supuesto de incompatibilidad o prohibición legalmente prevista".

La legislación del Banco de España establece que "no se considerará que hay falta de honorabilidad sobrevenida por la mera circunstancia de que, estando en el ejercicio de su cargo, un consejero sea inculpado o procesado por alguno de los delitos mencionados en el apartado 2 anterior".

Ese apartado 2 hace referencia a los que considera el Banco de España que no tienen la "honorabilidad" necesaria para poder fundar un banco. Así, no son honorables "quienes tengan antecedentes penales o se encuentren procesados o se hubiera dictado auto de juicio o apertura oral por delitos de falsedad, contra la Hacienda Pública, blanqueo de capitales, violación de secretos y malversación de caudales públicos".

En Estados Unidos, la legislación tampoco exige la dimisión por el hecho de estar imputado. Lo cierto es que las leyes de Estados Unidos son de una gran complejidad y depende del tipo de irregularidad cometida para que sea la Reserva Federal (Fed), el Tesoro (similar a la Hacienda en España), la Securities Exchange Commission (SEC) o la Bolsa de Nueva York (NYSE), la que se ocupe del caso. En principio, los bancos son controlados por la Fed. Fuentes del NYSE consultadas ayer afirmaron que, en principio, "no harían nada contra el banco mientras cumpliera los requerimientos para estar cotizado y proporcionara toda la información a la que está obligado", informa Ricardo M. de Rituerto.

Al margen de las dimisiones, la inquietud ayer en la alta dirección era palpable. La imputación supone abrir un nuevo frente judicial, sin que el de las indemizaciones de Amusátegui y los cobros de Corcósteguie estén cerrados, así como un varapalo a la campaña de Buen Gobierno que está desarrollando el SCH en los últimos meses. Esta actuación se apoya en que el "principio rector de su actividad es la defensa de su integridad y reputación y el cumplimiento estricto con la normativa legal y reglamentaria y con los estándares éticos aplicables en los mercados". Otras fuentes recuerdan que la sola imputación les costó el puesto a los consejeros del BBVA en el caso de las cuentas secretas de los paraísos fiscales.