Los pescadores piden que se delimiten las aguas españolas y lusas

El presidente de la Asociación Española de Titulados Náutico Pesqueros (Aetinape), José Manuel Muñiz, pidió ayer a la ministra de Asuntos Exteriores, Ana de Palacio, que trabaje "para lograr que se establezcan los límites entre España y Portugal", como forma de evitar más apresamientos de pescadores españoles.

Muñiz explicó que, a partir de la reunión que hoy mantendrá De Palacio con los padres del pescador de Isla Cristina (Huelva) Agustín García, apresado por pesca ilegal en Portugal el 8 de mayo pasado "hay que intentar que dejen de pasar estas cosas en países vecinos, amigos y ambos dentro de la Unión Europea".

Para el presidente de Aetinape, "estas cosas sorprenden cuando pasan en países africanos, aunque no es lógico que pasen en plena UE", por lo que entendió que "es indispensable delimitar las zonas de pesca para evitar que se produzcan nuevos conflictos". "De todas formas hay que insistir en que la pesca ilegal no se puede penar con la cárcel, ya que es una falta administrativa", señaló Muñiz, que concretó que "no se puede proteger a quien no tiene permiso de pesca, pero tampoco tratar a un pescador como un terrorista".

Respecto a las siete imputaciones que la justicia portuguesa ha impuesto al pescador onubense, entendió que "los portugueses querrán justificar la privación de libertad", y se mostró confiado en que finalmente "se celebre un juicio con garantías".

Concretamente, la Fiscalía portuguesa señala a Agustín García como presunto autor de delitos de desobediencia, resistencia y coacción sobre funcionarios, ofensa a la integridad física cualificada, vulneración administrativa por pescar sin licencia, vulneración de artes de pesca prohibidas en Portugal, resistencia a la fiscalización y vulneración administrativa por actuar en un periodo de veda.

El Ministerio Fiscal también acusa a otro de los tripulantes, Juan Manuel Rodríguez, de delitos de resistencia, coacción sobre funcionarios y ofensa a la integridad física cualificada. El fiscal entiende asimismo que no hay elementos para justificar la suspensión de la prisión preventiva.