El fiscal se querella contra Atutxa por "burla" y desobediencia al Supremo

El ministerio fiscal presentó ayer una querella contra el presidente del Parlamento vasco, Juan María Atutxa, del PNV, por presunto delito de desobediencia al negarse a disolver el grupo Sozialista Abertzaleak, sucesor de Batasuna. La querella se dirige también contra el vicepresidente primero, Gorka Knörr (EA), y la secretaria segunda, Kontxi Bilbao (IU-EB), que secundaron a Atutxa, pero deja fuera a los otros dos integrantes de la Mesa, Carmelo Barrio (PP) y Manuel Huertas (PSOE). José María Aznar consideró ayer la querella "absolutamente comprensible".

La querella contra Atutxa, Knörr y Bilbao se interpone por un presunto delito de desobediencia del artículo 410 del Código Penal, del que el fiscal considera coautores a los tres querellados "al existir una abierta negativa, concluyente aunque enmascarada habilidosamente por los mismos, bajo la hábil dirección de Atutxa, a cumplir una resolución judicial clara y expresa". El delito de desobediencia está penado con multa de 3 a 12 meses e inhabilitación especial para empleo o cargo público, de seis meses a dos años. El fiscal pide que a Atutxa, Knörr y Bilbao se les reciba declaración "en concepto de imputados", y que Huertas y Barrio declaren como testigos.

La querella, firmada por el teniente fiscal del Tribunal Supremo, José María Luzón, hombre de confianza del fiscal general del Estado, Jesús Cardenal, fue presentada en la mañana de ayer ante la Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, por tratarse de "hechos realizados por miembros del Parlamento vasco, durante su mandato y en el ámbito territorial de la comunidad autónoma". El escrito detalla el cruce de comunicaciones entre el Supremo y el Parlamento vasco desde que la Sala Especial ordenó la disolución "sin demora" del grupo.

El fiscal considera determinante para enmarcar la desobediencia las actas de las reuniones de la Mesa del Parlamento vasco del 5 y 6 de junio, de las que resulta "una clara disparidad de criterios" entre Atutxa, Knörr y Bilbao, de un lado, y Barrio y Huertas por otro.

En los debates, Atutxa dijo que no tenía "la más mínima duda de que se ha producido una invasión de competencias del Parlamento, afectando a su inviolabilidad y sin respeto a la separación de poderes" y se mostró partidario de la reforma del Reglamento. En similares términos se expresó el vicepresidente primero, Gorka Knörr (PNV), en tanto que Carmelo Barrio (PP) fue tajante al afirmar que la reforma del Reglamento era "un pretexto y un incumplimiento". Huertas, del PSOE, también sostuvo que la orden del Supremo era "determinante y de obligado cumplimiento". Por IU-EB, Kontxi Bilbao dijo que se había producido "una invasión y menoscabo de las competencias y autonomía del Parlamento vasco" y propuso interponer un conflicto de jurisdicción. Finalmente, Atutxa comunicó al Supremo que la Cámara vasca se encontraba "ante la imposibilidad de dar cumplimiento a las resoluciones judiciales".

Para el fiscal, se trata de una negativa "abierta, voluntaria e intencional", pues los querellados recurren "al subterfugio de entender que existe una laguna jurídica en el Reglamento del Parlamento vasco que exige su modificación".

La querella califica esta conducta de "fraude de ley" para "enmascarar o justificar" la oposición a cumplir las resoluciones del Supremo, con "una clara voluntad dilatoria y obstructiva".

También considera una "burla" la "propiciada por el señor Atutxa, al permitir que en la Junta de Portavoces se contabilizara el parecer del grupo de Batasuna".

El fiscal rechaza por "inverosímil" que pueda hablarse de "error" de los querellados, así como que quepa extender la "inviolabilidad" de los parlamentarios vascos por sus "votos y opiniones" -contemplada en el Estatuto de Gernika-, a sus "actuaciones", como pretende hacer el Reglamento de la Cámara vasca, norma de rango inferior al estatuto.

"Las actividades de carácter gubernativo, de mera administración y organización interna no quedan amparadas por la inviolabilidad, que no es un privilegio personal, sino una garantía de independencia en el ejercicio de las funciones de parlamentario", concluye la querella.

El presidente del Gobierno declaró en Salónica, tras la celebración del Consejo Europeo, que le preocupa "que la ley se incumpla y que responsables políticos no obedezcan sentencias del Tribunal Supremo o de cualquier otro tribunal, porque justamente la base del respeto al Estado de derecho consiste en el respeto a la legalidad".