Los Quince aprobarán hoy el proyecto de Carta Magna
Ningún país suscribe el texto al cien por cien
El presidente de la Convención, Valéry Giscard d'Estaing, arrancará hoy en la cumbre de Salónica el aval inicial de los líderes europeos al proyecto de Constitución elaborado por esa asamblea a lo largo de 16 meses. La incógnita en esta cumbre reside en conocer el grado de compromiso de los jefes de Estado y de Gobierno con el proyecto y, por tanto, en qué medida querrán modificarlo durante las negociaciones en la Conferencia Intergubernamental (CIG) que hoy convocarán los líderes para que comience en octubre.
Giscard d'Estaing llegó ayer a Porto Barras, un complejo turístico a unos 120 kilómetros de Salónica, custodiado por los dos vicepresidentes de la Convención, el italiano Giuliano Amato y el belga Jean Luc Dehaene. Los tres encaran la cumbre con el convencimiento de que han cumplido la tarea que les fue asignada en diciembre de 2001 en Laeken. El trío afirma en el prefacio que la Convención "ha hallado respuestas" a las preguntas planteadas en la Declaración de Laeken. Así lo considera la mayoría de los Gobiernos, aunque su nivel de aceptación varía: desde el apoyo prácticamente cerrado de Alemania y Francia al disgusto de España por la nueva fórmula de voto en el Consejo.
"Paso histórico"
Los Gobiernos, en efecto, creen que la Convención ha sido "un experimento provechoso", y califican su resultado de "paso histórico" en el proceso de integración europea. La creación de un presidente estable del Consejo Europeo para poner fin a las presidencias semestrales, la figura del ministro europeo de Exteriores, la cláusula de solidaridad y asistencia mutua en caso de ataques terroristas graves o la desaparición del derecho al veto en todas las materias relacionadas con la seguridad y la justicia son algunos de los aspectos más destacados del proyecto.
Los líderes europeos consideran que con el texto se acerca el proyecto europeo a los ciudadanos y a sus instituciones, se refuerza su carácter democrático y su capacidad para adoptar decisiones en una Europa ampliada y se incrementa la capacidad de la UE para actuar como una fuerza unificada y coherente en la escena internacional. Para Giscard, como se indica en el prefacio que hoy presentará a los jefes de Estado y de Gobierno, la Convención propone un mejor reparto de las competencias de la Unión y de los Estados, simplifica los actuales tratados, aumenta el nivel de democracia y la transparencia y hace más fácil y comprensible los mecanismos de toma de decisiones en el club, cuyas instituciones, dice, resultan reforzadas.
Pero, con independencia del grado de satisfacción de cada país, ninguno suscribe al cien por cien el proyecto. Por eso, el riesgo reside en que cada uno quiera modificar en la CIG el capítulo que le disgusta y, al final, se rompa el consenso que lograron los 105 integrantes de la Convención. El Gobierno español ha sido el que ha expresado con mayor contundencia su deseo de abrir la vía de las modificaciones, porque, como dijo su ministra de Exteriores, Ana Palacio, tiene una "reserva fundamental": quiere eliminar el sistema de votación propuesto (mayoría de Estados que representen al menos al 60% de la población) y mantener el del Tratado de Niza para lograr más fácilmente bloquear decisiones pactadas entre los países más grandes.
Lo que no tendrá nada fácil de conseguir hoy Giscard es el acuerdo de los Quince para que él y los dos vicepresidentes de la Convención participen en las negociaciones durante la CIG, ni siquiera como observadores, para vigilar que los cambios de los Gobiernos no desvirtúen el consenso alcanzado. El presidente del Gobierno español, José María Aznar, y el primer ministro británico, Tony Blair, se oponen a cualquier intromisión de Giscard en los trabajos de la CIG.
La CIG comenzará en octubre con la participación, como miembros de pleno derecho, de los representantes de los Gobiernos de los 10 países candidatos.
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