Constitución europea: sí, pero

Hoy se abre en Salónica la reunión de jefes de Estado y Gobierno que pone fin a la presidencia griega de la Unión con la presentación de un proyecto de Constitución Europea. Se coloca sobre la mesa del Consejo Europeo el producto de 16 meses de debates entre representantes de los gobiernos, de la Comisión, de los parlamentos nacionales y del Parlamento Europeo, durante los cuales el protagonismo español ha sido muy significativo.

No debe resultar chocante, por tanto, que el Gobierno de España y las dos principales fuerzas políticas de nuestro país coincidan en valorar de manera básicamente positiva el resultado de la convención convocada para presentar propuestas de reformas de los Tratados.

En efecto, a lo largo de su articulado se constitucionalizan propuestas que tienen mucho que ver con aportaciones españolas desde nuestra adhesión hasta el presente momento.

Por citar sólo algunos de los ejemplos más significativos, se empieza por declarar la doble voluntad sobre la que se sustenta la legitimidad de la Constitución: ciudadanos y Estados. Es decir, a la par que se consolida el concepto de ciudadanía europea se supera la obsoleta referencia a los "pueblos de Europa" en la que algunos nacionalismos sustentaban sus aspiraciones de superación del marco estatal. Y para que no queden dudas, se garantiza la integridad territorial de los Estados miembros, lo que inconstitucionalizaría también en el contexto europeo algunas propuestas que recientemente se han sometido a debate en España.

El marco económico (estabilidad de precios, saneamiento de las haciendas públicas y de las condiciones monetarias, estabilidad de la balanza de pagos, contención del déficit) y social (con la fijación del objetivo del pleno empleo) tiene mucho que ver con las políticas desarrolladas en España durante los últimos años producto del consenso social, que nos han permitido cumplir con los criterios de convergencia, abriéndonos las puertas del euro.

Y, desde luego, la configuración del espacio europeo de libertad, seguridad y justicia, y más concretamente la lucha contra el terrorismo, elevan al más alto rango jurídico aportaciones fundamentalmente españolas, cuyo espíritu puede simbolizar la "cláusula de solidaridad", en caso de que un Estado miembro sea objeto del terrorismo.

Incluso en los principios en los que se sostiene la distribución de competencias entre las distintas instituciones, creo que todos podríamos suscribir la necesidad de ampliar los poderes del Parlamento Europeo, reservar un papel para los parlamentos nacionales, reforzar a la Comisión Europea y dotar al Consejo de mayor eficacia, lo que exige una presidencia estable (prevaleció la llamada propuesta ABC: Aznar, Blair, Chirac).

Pero, después de los parabienes y felicitaciones, prácticamente todos los representantes de los Gobiernos nacionales ponen un pero. Fundamentalmente, en la distribución de poder, por propia naturaleza espacio reservado al acuerdo entre Gobiernos.

Giscard d'Estaing, acaso atendiendo más a consideraciones internas francesas que al interés general, consiguió imponer su propuesta de alterar el acuerdo que los actuales 15 Estados miembros alcanzaron en Niza (que él con ligereza calificó de "trapicheo"). Lo cierto es que ese equilibrio de poderes es el que se está sometiendo a consideración a más de cien millones de ciudadanos, nacionales de los 10 países que aspiran a integrarse a partir de mayo de 2004. Y cuando se incorporen, tendríamos que decirle que aquello que refrendaron ya no vale.

Ahora se abre la fase decisiva, la de la toma de decisión en el marco de la Conferencia Intergubernamental.

A riesgo de ser simplista, diría que resta por decidir sobre todo el peso de cada uno, confrontándose legítimos intereses nacionales.

Sería aconsejable que las principales fuerzas políticas de nuestro país consensuáramos posiciones y uniéramos energías en torno al Gobierno de España. Y como ha pedido anteayer la ministra de Asuntos Exteriores, colaboremos para someter a referéndum el 13 de junio de 2004 una Constitución con la que pudiéramos identificarnos como españoles y europeos.

La actual generación de dirigentes europeos habría así creado una moneda común, reunificado Europa y elaborado una Constitución para más de 450 millones de ciudadanos. Para faltar ambición en la integración europea, como dice alguno, no está mal.

Gerardo Galeote es portavoz del Grupo Popular Europeo.