Colombia: elecciones amenazadas

En Colombia, el carácter democrático de las elecciones en las últimas décadas nos ha hecho olvidar la sangrienta y dolorosa historia que hemos vivido en materia de violencia electoral. Por décadas, los partidos se disputaron el control de la institucionalidad electoral y usaron el clientelismo, la compra de votos, la coerción violenta y hasta el asesinato de candidatos para garantizarse el acceso o la permanencia en el poder.

La Constitución de 1991, resultado de un acuerdo nacional en el que participó la guerrilla desmovilizada del M-19, creó una nueva legitimidad y un marco institucional que en buena medida clausuró esa guerra político-electoral que manchaba las elecciones. Se definió a la Registraduría Nacional del Estado Civil como el articulador del sistema electoral, con autonomía y naturaleza independiente del Ejecutivo, de carácter neutral y cuya cabeza sería designada por el poder judicial. A partir de allí, Colombia ha sido capaz de realizar elecciones con una notable eficacia, exactitud y transparencia, a pesar de los desafíos inherentes a un país de la complejidad del nuestro.

La confianza que ha generado la Registraduría como institución, y Hernán Penagos como registrador, entre los ciudadanos es profunda e incuestionable. La última encuesta de Invamer, publicada el reciente fin de semana, confirma que el 69,7% de la opinión tiene una imagen favorable y muy favorable de la Registraduría y de la forma en que se conducen las elecciones. No puede ser distinto cuando las múltiples misiones de observadores, incluida la de la Unión Europea, confirmaron que las elecciones recientes fueron a todas luces transparentes, rigurosas y profundamente democráticas.

En ese contexto, los colombianos se asombran ante una situación totalmente inédita en la historia contemporánea. Desde la propia Casa de Nariño, el presidente de la República se ha dedicado a sembrar graves dudas e infundados cuestionamientos sobre la integridad de los resultados electorales. A pesar de que el propio Gustavo Petro ha sido elegido senador, alcalde de Bogotá y presidente de la República; a pesar de que el Pacto Histórico —su partido— obtuvo el pasado 8 de marzo la mayor votación en las elecciones al Congreso, ahora pone en duda esas mismas reglas del juego que le han permitido su ascenso al poder.

Gustavo Petro está construyendo una narrativa de desconfianza sistémica hacia la organización electoral. Está dedicado —con algo de desespero— a convencer al país y en particular a sus seguidores de que se está cocinando un fraude para las elecciones presidenciales de 2026. El jefe del Estado, que constitucionalmente tiene el deber de promover la unidad nacional y proteger el proceso electoral, ha iniciado una cruzada para demoler la confianza en la Registraduría y en la organización electoral, sembrando temor con argumentos fantasiosos y traídos de los cabellos.

La falsedad de las afirmaciones del presidente Petro quedó confirmada en sentencia del Tribunal Administrativo de Cundinamarca que ordenó al presidente Gustavo Petro rectificar, a través de su cuenta en X, las afirmaciones en las que señaló la existencia de fraude electoral en las elecciones al Senado de 2014, en las legislativas de 2022 y en las del pasado 8 de marzo, al no existir evidencia alguna que confirmara sus señalamientos.

¿Qué pretende Petro insistiendo en inexistentes fraudes y en etéreas conspiraciones contra su candidato? Al contestar a la pregunta de El País de si respetaría el resultado de las elecciones sea quien sea, Petro dijo que sí, pero con una condición: que no haya fraude. Posteriormente, Petro ha dejado en claro que la única certificación válida de que no ha ocurrido fraude es que el candidato de sus preferencias, Iván Cepeda, obtenga la victoria.

Estamos ante la real posibilidad de que el primer mandatario adopte la “Doctrina Trump”. Es decir, que use todo el poder y recursos del Ejecutivo para promover y diseminar la narrativa de un fraude en las urnas para invalidar la voluntad popular en caso de que esta sea adversa al candidato del Pacto Histórico. Cuando en previas ocasiones los otros poderes públicos no acatan la voluntad de Gustavo Petro o rechazan sus pretensiones legislativas, el mandatario ha demostrado que no tiene ningún reato en actuar contra las instituciones que lo desafían y contra quienes las dirigen. Durante su mandato ha convocado a la movilización de fuerzas y organizaciones cooptadas por el gobierno para tratar de apremiar, con manifestaciones violentas y presiones en la calle, al Congreso y a la Corte Constitucional.

En Colombia está prohibido que el presidente y los funcionarios públicos participen en política e intervengan en la campaña electoral. Es una garantía de neutralidad indispensable para que la oposición no sea apabullada desde el poder del Ejecutivo, que es muy amplio en el régimen presidencialista característico de nuestro país. Esa obligación de neutralidad permitió que Petro y el Pacto Histórico se consolidaran electoralmente. A pesar de ello, la Casa de Nariño y buena parte de los funcionarios se han tornado en activistas descarados y proselitistas sin medida. Petro decidió romper todas las amarras constitucionales y legales que en el pasado limitaban el despliegue del poder presidencial con fines electorales.

Finalmente, el gobierno está aprovechando la política de paz total como mampara para hacer gestos de inmensa generosidad otorgando estatus de “gestores de paz” a miembros de las organizaciones criminales, de la guerrilla y de las bandas urbanas. Contra la voluntad de los alcaldes de Bogotá y Medellín y de muchos gobernadores, el Gobierno ha permitido que salgan a la calle los jefes de estructuras que se imponen por el miedo en barrios y veredas. El mensaje es evidente: el futuro de su estatus de impunidad y su posibilidad de seguir libres dependerá de que el Pacto Histórico se mantenga en el poder. Dado que el estricto control territorial que ejercen estas organizaciones incluye la vigilancia social y política en las comunidades bajo su influencia, no son menores los volúmenes de votos que las estructuras delincuenciales pueden dirigir y coaccionar.

Después de más de siglo y medio de guerras civiles, violencia política y persecución electoral, Colombia logró con la Constitución de 1991 dejar atrás la época oscura en la cual se impedía la libre manifestación de la voluntad popular. Ahora las elecciones están nuevamente amenazadas, ya no por los males que se creían superados, sino por quienes tienen el poder y residen en las más encumbradas esferas del Ejecutivo. Hoy convocamos a la comunidad internacional y a todos los colombianos para que defendamos la democracia, apoyemos a la Registraduría, nos solidaricemos con las instituciones electorales y denunciemos los abusos gubernamentales.