Batasuna carga de tensión los ayuntamientos

Numerosos incidentes de diversa índole se produjeron ayer durante la constitución de los ayuntamientos vascos, donde la izquierda radical ilegalizada no tendrá ningún representante por primera vez en la democracia tras mantener una apreciable representación durante las dos últimas décadas. Ante la inminencia de este desalojo legal, los simpatizantes de las distintas plataformas abertzales mantuvieron encierros, provocaron agresiones y lanzaron insultos y amenazas que llegaron a provocar la suspensión temporal de algunos plenos y hasta la constitución de varios de ellos en el palacio de la Diputación foral de Guipúzcoa, en San Sebastián.

Estas protestas y provocaciones no impidieron aplicar la legalidad por la cual, a partir de ayer, Batasuna pierde las 43 alcaldías que gobernaba, una importante cuota de poder político que ahora gestionarán los partidos democráticos. De los 88 ayuntamientos de Guipúzcoa, sólo cinco localidades muy pequeñas -de menos de un centenar de habitantes- quedaron sin constituirse por incomparecencia de los electos (de PNV-EA) y serán sustituidos por gestoras municipales que impulsará la Diputación.

Los primeros encierros se produjeron el viernes por la tarde en los ayuntamientos gobernados por Batasuna. En San Sebastián, un grupo de ex concejales pasaron la noche en el despacho del grupo radical, hasta que por la mañana se sumaron a la concentración de protesta mientras se celebraba el pleno. La Ertzaintza detuvo por desacato a cuatro personas, entre ellas al parlamentario Joseba Álvarez y dos ex concejales.

Los incidentes se reprodujeron en municipios dominados por Batasuna. En Oiartzun, tras haber elegido alcalde en una tumultuosa sesión a Martín Beramendi, de EA, con apoyo del PNV e IU-Aralar, un simpatizante radical agredió a otro de Aralar en el interior de la casa consistorial, lo que originó un enfrentamiento que se pudo parar antes de que adquiriera otras proporciones.

Fue muy peculiar la proclamación del portavoz del PNV, Joseba Egibar, como alcalde de Lizartza. El dirigente nacionalista acudió sin ninguna protección policial a una sesión que duró escasos minutos y a la que sólo pudo acceder, al impedirse la entrada a los demás periodistas, el diario afín a Batasuna Gara. A la salida, una treintena de personas, entre ellas el dirigente radical Joseba Permach, acompañaron por las calles hasta su coche a un impasible Egibar, a quien lanzaron insultos y gritos como "ladrón", "español", "vete a Salamanca".

No fue tan violento, pero sí muy tenso, el pleno en Andoain, localidad marcada por los asesinatos por ETA de Joseba Pagazaurtundua y José Luis López de Lacalle y cuya alcaldía recuperó el PSE-EE con el apoyo del PP. El primer edil, José Antonio Pérez Gabarain, no ocultaba la satisfacción por el retorno al sillón y orgulloso levantó el bastón de mando pese a los insultos de "ladrón", "fascista" o "pucherazo" que le dirigieron los radicales.

Por razones de seguridad, y ante el riesgo de verse implicados en graves altercados de orden público, los concejales electos de Hernani, Ibarra, Pasaia y Usurbil decidieron celebrar la sesión constitutiva de estas corporaciones en la sede de la Diputación de Guipúzcoa, en San Sebastián. Esta medida excepcional permitió que los concejales de estas localidades tomaran posesión de sus cargos y eligieran alcalde con absoluta normalidad, pero fuera de sus ayuntamientos. La situación más problemática se produjo en Pasaia por la incomparecencia en la institución foral del secretario municipal, Joseba Belaustegi, pese a que los portavoces de todos los partidos políticos trataron de comunicarle mediante un escrito que el pleno iba a celebrarse una hora después en la Diputación. El secretario, ante la presencia en el Ayuntamiento de Pasaia del alcalde en funciones, Juan Carlos Alduntzin, de la ilegalizada Batasuna, levantó acta de la inasistencia de los nuevos corporativos.

Un secretario forzoso

Ante este hecho, el diputado foral de Presidencia, Joaquín Villa, firmó una orden para habilitar, forzosamente y en comisión de servicios, al secretario del Ayuntamiento de Ibarra, quien finalmente, con casi dos horas de retraso y a puerta cerrada, dio fe de la proclamación de la socialista Izaskun Gómez como alcaldesa de Pasaia gracias a los votos del PP y la abstención de IU. Los ediles aseguraron que la celebración del pleno en el Ayuntamiento de Pasaia ponía "en peligro" su integridad física, dado que en la entrada al edificio consistorial se concentraron "un gran número" de simpatizantes de la izquierda abertzale con "carteles y pancartas amenazantes", explicó una concejal socialista.

Otro tanto ocurrió con las corporaciones de Hernani, Usurbil e Ibarra, municipios gobernados también con mayoría absoluta por Batasuna durante la pasada legislatura. José Antonio Rekondo, de EA, recuperó la alcaldía de Hernani tras soportar una persecución continua por parte de los violentos mientras estuvo en este cargo, entre 1995 y 1999. Tras su investidura declaró que el ambiente en su pueblo estaba "repleto de tensión y cargado de amenazas" contra los electos y, por lo tanto, no existían "garantías mínimas de seguridad" para celebrar el pleno en el Ayuntamiento.

La jornada de elección de alcaldes estuvo salpicada de otros incidentes en Vizcaya y, en menor medida, en Álava. En Sestao, los extremistas trataron de sacar un escaño del salón plenario, lo que obligó a la Guardia Municipal a utilizar gases lacrimógenos. Los radicales lanzaron piedras contra ediles del PP y del PSE en Getxo, ocuparon varios escaños en Ondarroa, e insultaron a todos los grupos políticos de Elorrio.

En Miraballes, el pleno se tuvo que trasladar al ático ante la presencia de una treintena de simpatizantes de Batasuna, mientras que en Santurtzi, seguidores radicales y de EA-PNV increparon a los ediles constitucionalistas, que se vieron forzados a salir escoltados.

En Llodio (Álava), en medio de un ambiente muy crispado, los corporativos tomaron posesión en un despacho consistorial ante la imposibilidad de acceder al salón de plenos. En Amurrio fueron insultados los representantes populares y en Alegría, los cargos del PP y el PSE se ausentaron porque un miembro de una plataforma ilegalizada se negó a abandonar un escaño.