Nueva investigación a Berlusconi en vísperas de la presidencia de la UE

Los jueces de Milán no descansan. Mientras el Parlamento italiano se dispone a aprobar el próximo miércoles la ley que otorga inmunidad a los cinco principales cargos del Estado, un nuevo episodio judicial viene a aguarle la fiesta al primer ministro, Silvio Berlusconi, en vísperas de la presidencia italiana de la UE que se inicia el 1 de julio. Un caso que se remonta a principios de los años noventa y tiene por protagonistas al holding de su propiedad, Fininvest, y a la joya del mismo, el grupo Mediaset, dueño de tres cadenas de televisión.

Según los fiscales de Milán que investigan el caso, el imperio de Berlusconi compró en los primeros años noventa los derechos de diversas películas a mayoristas de la distribución cinematográfica de Estados Unidos, valiéndose de dos empresas off shore de Fininvest (Century One y Universal One) que llegaron a manejar ilegalmente hasta 85 millones de euros.

Ambas empresas cedieron después a Mediaset estos derechos por un precio aumentado. El caso está todavía en fase de investigación preliminar, pero los fiscales intentan probar que, efectivamente, se produjo fraude a la Hacienda pública, además de falsificación contable. Fininvest difundió ayer una áspera nota en la que acusó a los magistrados de Milán de estar volviendo a los "años más negros de Manos Limpias". "Seguramente, el verdadero objetivo de toda la investigación milanesa era implicar a Berlusconi", añade la nota.

El caso no es nuevo. El diario romano La Repubblica informó ya en 2001 de la investigación fiscal en marcha contra Mediaset, al abordar la cuestión más amplia de si el grupo se había beneficiado de la ley, recién aprobada por el Gobierno del Cavaliere, que condonaba las deudas de las empresas con Hacienda a cambio de una multa no muy abultada.

La novedad reside en que, por primera vez, se ha sabido ahora que entre los personajes investigados no figuran únicamente los responsables de Mediaset, caso de su presidente, Fedele Gonfalonieri, sino el propio primer ministro. La noticia llegó a los diarios italianos porque los fiscales han tenido que tramitar las cartas rogatorias en las que se solicita información a los mayoristas norteamericanos a través del Ministerio de Justicia, que aún no se ha pronunciado al respecto.

Se trata de un nuevo revés para Berlusconi, que se consideraba ya prácticamente a salvo de los problemas judiciales gracias al laudo Schifani, que se aprobará la semana próxima, y que prevé la suspensión de los procesos que le afectan mientras es jefe del Ejecutivo. La ley no impide, sin embargo, que se sigan desarrollando investigaciones judiciales en relación a otros presuntos delitos, por lo que difícilmente le librará de este nuevo filón judicial.