Españoles sin DNI

Si en España hay ciudadanos que, por un error administrativo, tienen hasta seis números de DNI, otros no tienen ninguno. Éste es el caso de Adelina Kola, de 72 años, y Marcos Mba, de 52, dos españoles a quienes, tras haber tenido sus correspondientes documentos durante décadas, ahora un embrollo administrativo les ha dejado sin identidad. Y sin ella no pueden comprar con tarjeta, alquilar un piso o acceder a ayudas oficiales.

Adelina Kola y Marcos Mba siempre han sido españoles. Nacieron en lo que hoy es Guinea Ecuatorial cuando el territorio pertenecía a España y formaba las provincias de Río Muni y Fernando Poo. Llevan más de dos décadas viviendo en la Península y nunca han sido guineanos, sino españoles. De modo que su problema no es de regularización. Es de burocracia mal resuelta. Sin embargo, todavía no han dado con el procedimiento que ponga fin a la pesadilla que representa no poder, por ejemplo, sacar dinero del banco, viajar u obtener el carné de una biblioteca. Para él, la situación se agrava porque está sin trabajo, y no puede ser contratado ni cobrar el paro.

Recibieron un papel que alude a un "imperativo del programa informático" para negarles el carné

Todo comenzó el año pasado, cuando estos dos españoles se disponían a renovar su DNI en Barcelona, cada uno por su parte. Para Adelina Kola, nacida en 1931 en Río Ekuku, iba a ser la cuarta vez que lo renovaba en España, donde se encuentra jubilada como maestra. Para Marcos Mba, trabajador de la construcción nacido el año 1951 en Ebibeyin, la tercera.

En ambos casos, el funcionario de turno les retiró el documento y por toda explicación recibieron un papelito que alega que "por imperativo del programa informático" no puede efectuarse la expedición del DNI. "Creí que era una broma", explica Adelina Kola. "Nunca imaginé lo que me esperaba", añade entre suspiros. Marcos Mba apenas habla, pero su cara lo dice todo. El caso fue a parar a manos de la abogada de CC OO María Elena Bedoya. Tras meses de trabajo y recursos infructuosos ante varias instancias públicas, incluido el Defensor del Pueblo, Bedoya ha llegado a la conclusión de que las raíces del embrollo podrían ser dos.

La primera, la informatización, en 1999, del fichero del DNI. Este procedimiento, que supuso contrastar los archivos de los españoles nacidos fuera del territorio nacional con el de la Dirección General de Registro Civil y Notariado del Ministerio de Justicia, habría provocado la "desaparición" de los dos ciudadanos, puesto que sus partidas de nacimiento no figuran en este registro, sino en algún archivo de los años treinta y cincuenta de la ex colonia española con el que Bedoya no ha conseguido dar, si es que todavía existe. Hasta 1999, los DNI se habían expedido automáticamente.

La segunda causa sería un decreto del Gobierno del año 1977 por el cual se establecía un plazo para que los españoles en la situación de Kola y Mba se acogieran al beneficio de continuar siendo españoles. Como es de recibo, el decreto fue publicado en el BOE, pero a su vez, y como es comprensible, ninguno de los dos lo advirtió. Para llegar a estas conclusiones, María Elena Bedoya ha leído miles de resoluciones y páginas del BOE y ha presentado decenas de peticiones. Entre éstas, solicitó por la vía judicial la Carta de Naturaleza, la misma que el Gobierno ha ofrecido a una decena de cineastas latinoamericanos. "He explicado el caso a compañeros juristas y creen que me lo invento", asegura.

Finalmente, hace unas semanas Bedoya presentó un recurso de Posesión de Estado ante el Ministerio de Justicia. Esta figura pertenece al Código Civil y puede conseguirse presentando documentos de los afectados que demuestren que en los últimos 10 años han sido reconocidos como españoles. Para ello, han presentado recibos de pensiones, contratos de alquiler de pisos, tarjetas sanitarias o declaraciones de la renta. Marcos Mba aportó incluso uno de los viejos DNI que aún conserva, y Adelina Kola su pasaporte caducado. De momento no han obtenido respuesta y su nerviosismo aumenta día a día. En el País Vasco hay al menos ocho casos más de españoles que no existen ante la ley.