Michavila dice que con la orden de protección no se habría producido el crimen de Barcelona

El ministro de Justicia, José María Michavila, aseguró ayer que el asesinato de la mujer de Barcelona que murió por los martizallos que le dio su ex marido tras haber puesto 54 denuncias "no se habría producido con la orden de protección que se ha aprobado hoy (por ayer) en el Congreso". El propio Michavila anunció en marzo pasado que esta orden iba a entrar en vigor el 28 de abril. Michavila inauguró unas jornadas sobre violencia doméstica a las que no asistieron, pese a estar anunciados, ni el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, ni la directora del Instituto de la Mujer, Míriam Tey.

Ana Maria Fábregas fue asesinada por su ex marido el martes tras haber presentado 54 denuncias en 15 juzgados distintos. Nada más llegar al Tribunal Supremo, donde se celebran las jornadas sobre violencia doméstica, Michavila aseguró de forma tajante que con la orden de protección se habría evitado la muerte de Fábregas, sin aludir al retraso en su puesta en marcha. Esta medida, que entrará en vigor a final de mes, permite el ingreso en prisión del agresor que no cumpla la orden de alejamiento, como era el caso de Barcelona. La existencia de un registro centralizado, también prevista en la misma norma, habría podido evitar el asesinato, dado que la víctima había puesto 54 denuncias en 15 juzgados distintos.

La orden de protección, en la que han trabajado todos los partidos políticos, debía haber entrado en vigor el 28 de abril, el mismo día que empezaron los juicios rápidos, según anunció el propio Michavila el 4 de marzo.

300 euros al mes

El ministro también subrayó ayer que muy pronto las víctimas no se verán obligadas a retirar algunas denuncias o a no denunciar por depender económicamente de sus agresores. Está previsto que las mujeres maltratadas reciban una ayuda económica de 300 euros mensuales durante diez meses siempre que sus ingresos sean inferiores al salario mínimo interprofesional. Zaplana anunció en setiembre de 2002 que haría un real decreto para que esto fuese posible. A día de hoy todavía no sido promulgado. La secretaria general de Asuntos Sociales, Lucía Figar, que estuvo presente en las jornadas en sustitución de Zaplana, que prefirió asistir a la Constitución de las Cortes Valencianas, aseguró que "esta medida se aprobará a principios de julio".

La orden de protección también permite que, tras la denuncia, el juez active medidas penales cautelares (inhabilitación la para la patria potestad) o civiles (atribución a la víctima del domicilio o retirada de la custodia de los hijos al agresor...) en un periodo no superior a las 72 horas

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica, Montserrat Comas, hizo autocrítica. "El sistema fracasa cuando se acude a los juzgados y a pesar de haber denunciado las amenazas o los malos tratos y de haberse acordado por los jueces una medida cautelar de alejamiento ésta no ha servido para evitar la muerte", lamentó en referencia al caso de Barcelona.

Comas destacó que tres de cada cuatro mujeres asesinadas entre 2001 y el primer trimestre de 2003 no habían presentado denuncia "lo que demuestra que para estas mujeres la orden de protección no resulta útil y hay que trabajar de forma más integral para erradicar el problema".

El PSOE propuso una ley integral en setiembre de 2002 pero el PP la rechazó. Zaplana aseguró en su día que el proyecto socialista era malo. Las asociaciones de mujeres quieren una ley integral ya que creen que es la única vía para reducir este alarmante número de muertes, 33 en lo que va de año. Comas resaltó la necesidad de poner más medios para evitar que esto suceda. Propuso la utilización de pulseras con GPS para controlar a los agresores y en casos extremos, escolta policial a la mujer, siempre y cuando ésta lo solicite y los jueces estimen que hay un verdadero peligro de muerte.

El Ministro de Interior, Ángel Acebes, también quiso poner de su parte para acabar con esta "lacra social". El 12 de marzo anunció la creación de un cuerpo de 500 policías para proteger a las maltratadas. Debía haber entrado en vigor a mediados de mayo, pero de momento solo ha habido 173 solicitudes de policías para realizar estas tareas y ninguno de ellos ha empezado a desarrollarlas. La razón de la escasez de candidatos es la poca información que han recibido sobre las condiciones en que deberían relaizar el trabajo, según el secretario general del Sindicato Unificado de Policías, José Manuel Sánchez. Los agentes deberían estar disponibles las 24 horas del día mediante un teléfono móvil con el que mantendrían contacto con las víctimas.

La directora del Instituto de la Mujer, Míriam Tey, no asistió al acto aunque en el programa oficial se anunciaba su presencia, al igual que la de Zaplana. Tey asistió ayer por primera vez a un acto público desde que se desató la polémica sobre el libro Todas Putas, del que es editora. Pero no fue las jornadas violencia doméstica, sino a una reunión internacional sobre discriminación salarial. La sustituyó la secretaria general del Instituto de la Mujer, Soledad Carrillo que comentó: "Ha sido una decisión de última hora, ha decidido asistir allí porque era un encuentro europeo y eramos la anfitrionas". Evitó así la protesta que le tenían preparada un grupo de feministas.