Una carrera de obstáculos organizada por el Gobierno

El lanzamiento de Canal Satélite Digital (CSD) se vio claramente obstaculizado por el Gobierno, que impulsó una plataforma digital de la mano de Juan Villalonga, presidente de Telefónica y compañero de colegio de José María Aznar, que salió al aire pocos meses después de la liderada por el Grupo PRISA. El mismo día que CSD comenzaba sus emisiones (31 de enero de 1997), el Consejo de Ministros aprobaba un reglamento y un decreto ley sobre utilización de descodificadores, regulación de las tarifas y registro de las empresas.

Este conjunto de medidas fiscales, administrativas y tecnológicas perseguía la paralización de sus emisiones. El Ejecutivo subió el tipo del IVA (del 7% al 16%) aplicado a Canal + y CSD, y obligó a que sus descodificadores cumplieran una determinada serie de requisitos imposibles de llevar a cabo.

Comenzó entonces la batalla entre el simulcrypt (empleado por CSD) y el multicrypt (opción técnica de Vía Digital). Una enmienda al proyecto de ley de televisión digital introducida por el PP en el Senado obligaba a utilizar este último en caso de que los operadores no llegaran a un acuerdo. CiU intentó mediar en la polémica y propuso eliminar las trabas a la comercialización de sistemas de acceso condicional con una única condición: que contaran con la certificación de un organismo europeo.

Apoyo de IU

Con el apoyo de Izquierda Unida (que votó a favor del PP en una demostración más de la pinza entre ambas formaciones) y el PNV, el partido en el Gobierno sacó adelante en el Congreso la ley de televisión digital en abril de 1997. A partir de entonces, CSD disponía de dos meses para pactar un descodificador con el operador digital alentado por el entonces vicepresidente del Gobierno, Francisco Álvarez Cascos, y por el portavoz del Ejecutivo, Miguel Ángel Rodríguez. El PSOE consideró que, con la excusa de incorporar al derecho español los contenidos de una directiva comunitaria, se inició "el ataque más descarado, interesado y obsceno a la libertad de información desde el cierre del diario Madrid".

Poco después de entrar en vigor la ley, la Dirección General de Telecomunicaciones y el juez de la Audiencia Nacional Javier Gómez de Liaño (que abrió diligencias contra todo el Consejo de Administración de Sogecable, y que posteriormente fue condenado por prevaricación y apartado de la carrera judicial) enviaron a inspectores y funcionarios de la policía a investigar la contratación y distribución de los descodificadores de Sogecable.

El plan del Gobierno chocó frontalmente con la Comisión Europea. Los técnicos comunitarios afirmaron que tanto el simulcrypt como el multicrypt eran abiertos.