Los grupos del tripartito acuerdan rebajar de 25 a 23 años la edad mínima para poder cobrar la renta básica

La Comisión de Trabajo y Acción Social del Parlamento aprobó ayer con los votos de los grupos del tripartito modificar la ley contra la Exclusión Social para rebajar de 25 a 23 años la edad mínima que permite acceder al cobro de la renta básica. Socialistas, el grupo de la ilegalizada Batasuna y PP la rechazaron, los dos primeros por considerar que la rebaja es insuficiente, ya que tenía que haber llegado a los 18 años, y los populares porque consideran que cualquier reducción favorece el incremento de fraudes.

La comisión votó el dictamen elaborado por la ponencia que en su momento se creo en su seno, tras recibir el proyecto de modificación por parte del Gobierno vasco. Ahora, tendrá que ser el pleno del Parlamento el que refrende definitivamente el dictamen.

Según la Administración, el cambio está justificado porque el requisito de ser mayor de 25 años de edad excluye del derecho a la renta básica a "un sector significativo" de la juventud que se ve obligado a permanecer en el domicilio familiar por no disponer de los recursos económicos suficientes como para llevar una vida independiente.

Se da la circunstancia de que muchas personas potencialmente incluidas en la medida ya acceden a la prestación. Es el caso de los jóvenes con menores u otros familiares directos a su cargo. Así, la medida afectará, fundamentalmente, a las personas que viven solas y que, además, deberán haberse independizado con un año de antelación al momento de formular su solicitud. Según el estudio realizado por el Gobierno sobre el impacto de la reducción de la edad, sólo 535 personas de 23 y 24 años viven independizadas en Euskadi.

La ley contra la Exclusión Social, aprobada en 1998, ya ha experimentado otras modificaciones. En noviembre de 2000 se cambió para permitir que los perceptores de la renta básica pudieran seguir cobrando una parte de ella al llegar a los 65 años y complementar así otro tipo de prestaciones menores, como las pensiones no contributivas. En otra de las modificaciones, los ayuntamientos se encargaron de gestionar directamente las ayudas de emergencia social.