Giscard cierra el proyecto de Constitución que consagra el poder de Alemania

El presidente de la Convención, el ex presidente francés Valéry Giscard d'Estaing, dio ayer de hecho por concluido el trabajo de esa asamblea, que inició sus trabajos en marzo del año pasado para elaborar un proyecto de Constitución para Europa. Giscard entregó ayer a los 105 integrantes del foro el texto final del proyecto que, según él, es ya "la base de un consenso". La Carta Magna Europea consagra el poder de Alemania sobre todo el resto de socios, consagra la alianza franco-alemana y aumenta el peso de los países grandes frente a los pequeños y de los Gobiernos sobre la Comisión Europea.

"Estamos en una situación que nos permite confiar en cumplir nuestro mandato de forma completa y satisfactoria", dijo por la tarde Giscard al abrir la penúltima sesión plenaria de la Convención. Los Gobiernos de los cuatro grandes países (Alemania, Francia, Reino Unido e Italia) ya han hecho saber su respaldo global al proyecto, aunque con matices. Alemania (82 millones de habitantes, el más poblado) es el más beneficiado en el proceso una vez que el texto indica que el peso de cada país en el Parlamento Europeo y en el Consejo estará en relación directa con la población. Consigue así Berlín, por vez primera, distanciarse enormemente del resto a la hora de votar decisiones y acuerdos, aunque el sistema no entrará en vigor hasta 2009 o 2012.

El tándem franco-alemán, de otro lado, ha logrado buena parte de sus aspiraciones en temas tan sensibles como la política exterior y defensa, al dejar abierta la posibilidad de crear un núcleo duro a través de las llamadas "cooperaciones estructuradas" con países que deseen ir más lejos. Y el Reino Unido ha conseguido también su objetivo de frenar en esos terrenos a los más europeístas y en eliminar del texto toda referencia "federal". Tanto en política exterior como en fiscalidad, se mantiene el derecho al veto, como exigía Londres.

Los países pequeños y los candidatos también aceptan, con menos alegría, el proyecto, una vez que se les ha garantizado un turno equitativo e igualitario para contar con comisarios en la Comisión Europea, la única institución en la que pueden plantar cara a los Gobiernos más potentes que dominarán las demás instituciones.

España, como comentaron ayer la ministra de Exteriores, Ana Palacio, y los representantes del PP en la Convención, valora el proyecto, pero mantiene su rechazo a la fórmula de voto en el Consejo (mayoría de Estados que representen al 60% de la población). El Ejecutivo español, en minoría total pese a la permanente alianza que ha mantenido con el Reino Unido, ha optado por debatir de nuevo el contencioso en la conferencia intergubernamental (CIG) en la que a partir de octubre los Gobiernos tendrán que aprobar un texto por unanimidad.

Un ariete contra España

España prefiere mantener el sistema de voto de Niza, por el que los españoles pueden bloquear con facilidad acuerdos de los grandes, y concretamente al imparable eje franco-alemán. Giscard ha sido el máximo ariete contra España en este terreno, hasta el punto de que llegó a espetar al diputado del PP Gabriel Cisneros: "No se puede constitucionalizar un trapicheo", en referencia a Niza, tan criticado por todos cuando se aprobó en diciembre de 2000.

La Comisión, que pierde peso ante los Gobiernos y rechaza que haya un presidente estable del Consejo Europeo, fue ayer la más crítica. Para el portavoz de su presidente, Romano Prodi, pasar de una Comisión de un comisario por país a otra de 15 con otros comisarios delegados será tener "un colegio de castrados". El Ejecutivo comunitario, como el Parlamento, exigen que desaparezca el derecho al veto en todas las materias salvo en defensa.

Entre las novedades más importantes que incluye el proyecto destacan, además de la figura de ese presidente estable (exigida por los grandes, incluido España), la existencia futura de un ministro europeo de Exteriores; la Cláusula de Solidaridad por la que el terrorismo pasa por vez primera a ser un asunto de la política exterior común, el respeto a las fronteras interiores (a petición de España), el abandono del derecho al veto en otras 36 materias (en las que colegislará el Parlamento, que es otro de los ganadores), la incorporación al proyecto de la Carta de Derechos Fundamentales de la UE o el derecho de los Parlamentos nacionales a parar iniciativas legales. Las regiones, mencionadas también por vez primera en un texto de este nivel, quedan relegadas a un muy segundo plano, aunque se reconoce al Comité de Regiones su derecho a presentar recursos ante el Tribunal de la UE.