La Audiencia entierra la denuncia de Benjumea por espionaje con el archivo definitivo de la causa

La denuncia del ex presidente de Caja San Fernando, Juan Manuel López Benjumea, contra Antonio Castellano por supuesto espionaje y contra los dirigentes socialistas Manuel Chaves (presidente de la Junta y líder del PSOE), Luis Pizarro (secretario de organización) y Miguel Ángel Pino por haberlo encargado, ha quedado en nada. Año y medio después de que el juez de instrucción archivara por primera vez el caso, la Sección Tercera de la Audiencia de Sevilla ha ordenado el archivo definitivo de las diligencias al no haber hallado indicios de seguimiento alguno a López Benjumea.

El juez Antonio Miguel Estables, titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Sevilla, apenas tardó ocho días en cerrar por primera vez el caso, que se conoció de forma pública tras una información del diario El Mundo, del 29 de noviembre de 2001, en la que aseguraba que "Chaves mandó espiar durante meses a los presidentes de las cajas de Sevilla". La información se basaba en una conversación grabada en vídeo entre Joaquín Corpas (detective contratado por Caja San Fernando) y Antonio Castellano. López Benjumea y Castellano habían coincidido en una cafetaría sevillana en septiembre de ese año y el ex presidente de San Fernando declaró al juez que sospechó que le seguía.

En la cinta grabada se oye la frase "entre Pino, Pizarro y Chaves me han mandado seguir a Benjumea y [Isidoro] Beneroso [presidente de El Monte]", adjudicada a Castellano. En aquel momento, Benjumea y Beneroso estaban en pleno conflicto con la Junta y el PSOE (partido del que eran militantes) por haber frustrado su intento de fusión, que los socialistas consideraban ilegal. Un mes después, un pacto entre PSOE, IU y CC OO desalojó a ambos de las presidencias de El Monte y San Fernando.

El juez de instrucción archivó por primera vez las diligencias al constatar que la policía no detectó "seguimiento alguno" y que el vídeo en el que se basaba la denuncia (en mal estado, con cortes en la imagen y discordancia con el sonido) "probablemente estaba manipulado". Asimismo, Castellano declaró que él no era investigador privado, que nadie le ordenó espiar a López Benjumea, que no dijo la frase grabada y que se reunió con Corpas para hablar de una subasta inmobiliaria.

En abril del año pasado, la Audiencia de Sevilla consideró el archivo "prematuro" y ordenó la reapertura del caso para que se realizasen pruebas periciales más completas sobre el vídeo. La policía científica analizó la imagen y el sonido y sus informes corroboraron que la cinta se había manipulado y que el sonido no permitía identificar si la voz grabada era la de Castellano. Con esos informes en su poder, el juez de instrucción volvió a archivar el caso a principios de año.

Ahora, la Audiencia de Sevilla confirma el archivo de forma definitiva , entre otras cosas, porque "el valor probatorio de la cinta es nulo (...) su contenido está manipulado". Los informes policiales, según los magistrados de la Sección Tercera son "claramente significativos". Esos informes dicen que "se trata de una copia con cortes" y que la "grabación de audio se ha incorporado después". Los jueces concluyen que no pueden acreditar que hubo seguimiento sólo a partir de la declaración de Joaquín Corpas y considera "chocante" que Corpas, el gerente de Caja San Fernando, José Manuel Benedicto, y López Benjumea dieran tres versiones distintas sobre la grabación de audio y vídeo.

"El archivo viene a confirmar que todo esto era un montaje de López Benjumea. Aquí no hubo espionaje, lo que hubo fue montaje y calumnia", indicó el secretario de organización del PSOE andaluz, Luis Pizarro.

Pese al archivo del caso, el dirigente socialista no se mostró conforme: "Hay que descubrir quien está detrás de este caso, tenemos mucho interés en saberlo". Pizarro recalcó que el auto demuestra que "a López Benjumea, su estrategia no le ha salido bien". Por su parte, José Luis Herrera, abogado defensor de Antonio Castellano, aseguró que estudia si recurrir a la vía penal o a la civil para reclamar "daños y perjuicios" al ex presidente de San Fernando. "Mi cliente ha respirado, pero el respiro definitivo no llegará hasta que se sepa quien está detrás de esto".