El huevo y el fuero

LA MESA DEL PARLAMENTO de Vitoria decidió el martes encargar a los servicios jurídicos de la Cámara un informe sobre el procedimiento a seguir para ejecutar la orden del Supremo de disolver "sin demora" el grupo parlamentario Sozialista Aberzaleak de Álava, Vizcaya y Guipúzcoa (ABGSA). Esa barroca denominación fue adoptada en abril de 2002 por los siete diputados elegidos en mayo de 2001 en las listas cerradas y bloqueadas de Euskal Herritarrok -una segunda marca de Batasuna-ante la perspectiva de la eventual ilegalización de su partido. La abstención de IU -socio de la coalición de gobierno- provocó un empate, dirimido por el voto de calidad de Atutxa; no es la primera vez que el presidente de la Cámara vasca muestra sus reticencias hacia la orden judicial y remolonea a la hora de darle cumplimiento: tras certificar con algún retraso que los grupos llamados sucesivamente Batasuna y ABGSA estaban compuestos por los mismos diputados, alegó que el mandato del Supremo era una afrenta a la "dignidad democrática e institucional" de la Cámara vasca.

La Mesa de la Cámara vasca continúa retrasando la ejecución del auto de la Sala Especial del Supremo que ordena la disolución "sin demora" del grupo parlamentario de la ilegalizada Batasuna

La sospecha de que el encargo del informe es una maniobra dilatoria para postergar la ejecución del requerimiento del Supremo y el temor a que una posible desobediencia de la Cámara vasca suscite un conflicto institucional son replicados por los portavoces nacionalistas con juicios de intenciones sobre la instrumentalización gubernamental de los tribunales. Derecho y política forman una mala pareja cuando los conflictos jurídico-constitucionales se prestan a diferentes interpretaciones y levantan pasiones ideológicas: la necesaria coexistencia entre el principio democrático (la voz de la mayoría expresada de forma directa o mediante representantes electos) y el imperio de la ley (el cumplimiento de las normas también por parlamentos, gobiernos y jueces) puede verse desestabilizada en tales ocasiones.

El dramatismo de la actual confrontación, sin embargo, carecería de fundamento si se atiendiese sólo a sus consecuencias prácticas y no a sus dimensiones simbólicas. Cualquiera que sea el desenlace de la pugna procesal, los siete diputados elegidos en mayo de 2001 en las candidaturas de Batasuna conservarán sus escaños hasta la disolución de la Cámara: el Constitucional dictaminó en su día que el acta de diputado corresponde a cada representante electo, no al partido, la coalición o la agrupación que lo presentó en sus listas. El auto del Supremo de 20 de mayo de 2003 reconoce, así pues, que la disolución de ABGSA deberá ser llevada a efecto "sin perjuicio del mantenimiento de la condición de parlamentarios de sus miembros y de su posible inclusión en el Grupo Mixto". No se trata, por consiguiente, del huevo, sino del fuero. Los diputados de Batasuna siempre mantendrían sus competencias básicas como miembros de la Cámara; lo único que está en juego es el obligado cumplimiento de las sentencias judiciales por los poderes públicos -incluida la Cámara vasca- en nuestro Estado de derecho.

Los críticos de la disolución de ABGSA invocan la doctrina del Constitucional según la cual grupos parlamentarios y partidos constituyen realidades jurídicas diferentes: su conclusión es que la ilegalización de Batasuna no debe hacerse extensiva a su grupo en la Cámara. El Supremo sostiene, por el contrario, que los grupos carecen de personalidad jurídica propia y son meras uniones de diputados; la ley de financiación de los partidos incluye entre sus recursos las subvenciones a sus terminales parlamentarios. La discusión sobre la híbrida naturaleza jurídica de los grupos de las Cámaras se cruza con otro debate en torno a los procedimientos para disolver ABGSA. Según Atutxa, las atribuciones interpretativas y supletorias que el Reglamento de la Cámara concede a su presidente resultan insuficientes para resolver este caso, que exigiría una intervención del pleno: "No nos encontramos ante una laguna, sino ante un océano". No se trata sólo de borrar el rótulo prohibido, sino también de preparar el nuevo alojamiento para sus diputados supervivientes, incluidas las consecuencias de ese traslado para Izquierda Unida, hasta ahora el único inquilino del Grupo Mixto.