La salud sexual de las mujeres inmigrantes

Durante los últimos años, nuestro país se ha ido convirtiendo en un territorio de acogida para un número cada vez más importante de personas. De hecho, desde el año 1996 el Instituto Nacional de Estadística (INE), ha registrado un aumento de la población inmigrante de 538.984 a 1.570.000 extranjeros, que por sus características requieren una atención social y sanitaria específica.

Por distintos motivos, el ámbito de la salud sexual y reproductiva no escapa a la necesidad de adaptar los servicios y prestaciones ofrecidos en este campo a la nueva población. Las personas inmigrantes tienen un bagaje social, lingüístico, religioso, económico, cultural y personal que traen integrado de su lugar de origen, al que "como inmigrante" se le añade una nueva y compleja problemática ideológica, laboral, legal y de identidad generada en el país de acogida. En estas condiciones, hay que decir que desde un punto de vista social y sanitario se trata de una población especialmente vulnerable que requiere una atención específica.

El sistema de salud está lejos de atender las necesidades de los extranjeros

Casi la cuarta parte de las mujeres que abortan en España son inmigrantes

No debería pasarnos inadvertido que si bien no podemos atribuir a todos los inmigrantes unos rasgos comunes, ya que el origen de estas personas determina su identidad y comportamiento, podemos afirmar que estamos hablando de una población que reúne unas características sexuales y reproductivas que por sí mismas deberían suscitar el interés y la atención de los servicios públicos de salud.

La población inmigrante es una población mayoritariamente en edad fértil, eminentemente joven y que proviene de países con elevadas tasas de natalidad, superiores a la de nuestro país. De hecho, en los últimos seis años el número de nacimientos de mujeres inmigrantes se ha triplicado, ya que se ha pasado desde los 11.832 nacimientos en 1996 hasta los 33.076 en 2001. Se da además la circunstancia de que en el año 2001 el aumento de nacimientos en el conjunto de la población residente en España se debió únicamente a este colectivo, y, por el contrario, disminuyó el número de niños y niñas nacidos de madres españolas.

Como ejemplo representativo de esta tendencia general, podemos citar el caso de la Comunidad de Madrid, donde el grupo de población de 20 a 29 años representa el 29,24% y el de 30 a 34 años supone el 29,16%, y el número de nacimientos de madres no españolas alcanza el 18% del total de nacimientos registrados.

Por otra parte, casi la cuarta parte de las mujeres que interrumpen un embarazo en España son inmigrantes, y muchas de ellas son "cabeza de familia monoparental" en su país de origen y han enfrentado por tanto, experiencias previas de embarazo, parto, aborto o anticoncepción.

Estos y otros elementos, sin entrar en las especificidades propias de cada sector poblacional, nos conducen a pensar que la población inmigrante necesita cuidados ginecológicos y sobre todo métodos anticonceptivos adecuados a sus necesidades.

Asimismo, tampoco debería pasarnos inadvertido que hoy por hoy, salvo algunas excepciones como por ejemplo en el caso de Marruecos y de los países del Este, existe un predominio de mujeres sobre hombres (sólo en Madrid la tasa de feminidad se sitúa en torno al 114), lo que nos debería llevar a reflexionar sobre la necesidad de volcar nuestros esfuerzos en la atención prioritaria sobre las mujeres inmigrantes.

En el marco de estos parámetros, tenemos que señalar que el sistema público de salud está lejos de ofrecer una atención sensible con las necesidades y demandas de los colectivos de inmigrantes, pues en la prestación ordinaria de servicios de salud en materia de reproducción y sexualidad surgen diversos obstáculos que, sin duda, impiden la optimización de los servicios y que deben ser tenidos en cuenta no sólo a la hora de mejorar las prestaciones existentes, sino también en el momento en que se elaboren políticas de actuación específicas para estos colectivos de mujeres inmigrantes.

Entre los obstáculos que vienen dados por la actuación de los profesionales y de los servicios sanitarios cabe señalar las barreras idiomáticas, el desconocimiento de determinadas patologías, la ausencia de servicios flexibles, el registro de datos que puede tener un efecto disuasorio, la sobrecarga asistencial y, de forma muy específica, un desconocimiento cultural que supone un serio obstáculo en el entendimiento de ambas partes.

Por su parte, las mujeres inmigrantes se ven en muchas ocasiones abocadas a relegar a un segundo plano su salud, ya que su condición de irregular o indocumentada les lleva a pensar que pueden perder su puesto de trabajo si acuden a una cita médica.

La dificultad para establecer una comunicación fluida, la incompatibilidad de horarios, el desconocimiento del funcionamiento del sistema sanitario y, sobre todo, la falta de recursos económicos para acceder a determinados anticonceptivos son otras de las barreras que impiden la normalización en la atención sexual y reproductiva de estas mujeres.

Ante esta situación resulta imprescindible habilitar desde la Administración los mecanismos y cauces oportunos para tender puentes entre los países receptores y los hombres y mujeres inmigrantes, también en el ámbito de la salud sexual y reproductiva.

A juicio de esta organización, el establecimiento de estos servicios debe considerar varias premisas, que en su momento ya estableció la Organización Mundial de la Salud como ineludibles. Éstas pasan por disminuir las desigualdades en el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva entre la población inmigrante y los residentes, organizar los servicios evitando las barreras culturales, religiosas, raciales y lingüísticas, informar adecuadamente a las comunidades migrantes haciéndoles comprender sus derechos dentro del sistema de salud, así como proteger especialmente a los colectivos de mujeres más vulnerables frente a determinadas prácticas nocivas relacionadas con la cultura de sus países de origen, tales como la mutilación genital femenina.

Frente al retroceso paulatino de los derechos de los inmigrantes y los discursos xenófobos de algunos responsables políticos, la Federación de Planificación Familiar de España (FPFE) invita al Gobierno español y a los gobiernos autónomos a la reflexión y a la consideración de la atención de las personas inmigrantes y refugiadas como prioritaria, ya que el fenómeno de la inmigración hay que situarlo en el contexto de los derechos humanos, de la solidaridad entre comunidades con necesidades diferentes y del respeto a la diversidad, valores todos ellos comúnmente consensuados y aceptados por la comunidad internacional a la que nuestro país pertenece y en la que está integrado.

Isabel Serrano es presidenta de la Asociación de Planificación Familiar de Madrid y ginecóloga del Ayuntamiento de Madrid.