Las huelgas desafían a Chirac

Profesores en pie de guerra; amenaza de huelga de exámenes; manifestación nacional en París, el domingo; huelga de hospitales, correos y control aéreo, el martes; paralización del transporte, en junio. La agenda de los sindicatos del sector público se carga cada día para exigir al Gobierno que retire sus proyectos de reforma de las pensiones y descentralización de la enseñanza. El primer ministro, Jean-Pierre Raffarin, se enfrenta a la oleada de problemas debilitado por su propio partido, que le aconseja "soltar lastre" para rebajar la contestación social.

Los organizadores de las huelgas esgrimen la posibilidad de un nuevo paro en los transportes el 3 de junio, coincidiendo con la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno de los países del G-8 en Evian. Nada podría molestar más al presidente, Jacques Chirac, que se ha implicado personalmente con las ONG y sindicatos en el intento de que las marchas antiglobalización no se desborden.

Los síntomas de inquietud afectan a la Unión por un Movimiento Popular (UMP), el partido gubernamental. Su presidente, Alain Juppé, sugirió el martes el aplazamiento del traspaso de 110.000 empleados de la educación a las regiones y otras colectividades. No se trata sólo de la prudencia del gato escaldado -Juppé dirigía el Gobierno durante la época de las huelgas de 1995-, sino de las reticencias levantadas por el proyecto de descentralización sostenido por el actual primer ministro, que ve así atacada una de sus principales iniciativas.

Francia vivió ayer la sexta jornada de huelga de enseñanza en lo que va de curso. No fue la más seguida -algo más de la mitad, según los sindicatos; un tercio escaso, a juicio del Gobierno-, pero sirvió para alimentar el incendio. Los exámenes han sido aplazados en dos universidades de Toulouse que afectan a 59.000 estudiantes y el Gobierno amenaza con suspender el derecho de huelga de los profesores si se extiende el movimiento de boicoteo a las pruebas de fin de curso. El titular de Educación, Luc Ferry, apedreado públicamente con ejemplares de su último libro, declaró ayer a Le Nouvel Observateur que está dispuesto a dimitir, "si esto arregla algo".

La disgregación de una parte de los empleados de la enseñanza se une a las consecuencias de la reforma de las pensiones, que les afecta como a todos los funcionarios, de forma que habrán de cotizar 2,5 años más para poder jubilarse sin descuentos en la pensión. La coincidencia de ambas reformas sobre un mismo colectivo hace de la enseñanza pública la punta de lanza de la protesta.

Varios sindicatos urgen al Gobierno a reabrir el debate sobre las pensiones antes del miércoles, fecha prevista por el Consejo de Ministros para dar el visto bueno al proyecto sugiriendo que, de lo contrario, el enfrentamiento irá más allá de un movimiento social. El entorno del primer ministro ya habla de "politización" de las huelgas, mientras los diarios se inundan de encartes publicitarios en defensa de una reforma destinada a "salvar las pensiones compartiendo los esfuerzos".

Nada prueba que los partidos de izquierda estén detrás del conflicto social. Pero el reciente congreso del Partido Socialista dio la impresión de un giro. Los 4.000 asistentes dedicaron la más larga de sus ovaciones a Bernard Thibault, líder de la CGT, la central sindical más implicada en el actual proceso de huelgas. En su comentario cotidiano de la última página del periódico Le Monde, el muy leído Pierre Georges escribía ayer: "La izquierda de los partidos, que sigue en plena convalecencia, recibe una transfusión de la izquierda de las calles".