El aullido del lobo

Las sentencias del Supremo y del Constitucional que invalidaron la gran mayoría de las listas municipales presentadas en el País Vasco y Navarra por agrupaciones de electores vinculadas de una u otra forma con la ilegalizada Batasuna introdujeron una cuestión relacionada con el terrorismo -la interdicción de su brazo político- en la agenda de los comicios del 25 de mayo; las posteriores instrucciones dadas por los portavoces de ETA a los antiguos votantes del nacionalismo radical para que depositen en las urnas esas papeletas judicialmente anuladas ampliaron el espacio del debate. El papel desempeñado por España en el conflicto de Irak también formó parte de la campaña desde el comienzo: mientras el PP se jactaba de su temprana adhesión a una guerra librada con el falso pretexto de impedir la entrega de armas de destrucción masiva a organizaciones terroristas, el resto de las formaciones políticas ha seguido censurando el apoyo del Gobierno a un acto de agresión al margen de la legalidad internacional.

La prosecución de las matanzas en Israel y los atentados perpetrados en Riad y Casablanca han yuxtapuesto en el mismo renglón de la agenda el rebrote de la ofensiva terrorista y el balance de la guerra de Irak. Pese a los esfuerzos de Aznar para negar la evidencia, el nexo lógico entre las falsas esperanzas de un reforzamiento de la seguridad mundial suscitadas por la caída de Sadam Husein y la siniestra terquedad de los hechos concernientes a la amenaza fundamentalista resulta poco discutible. Sólo las investigaciones de los servicios de inteligencia -no las hipótesis de Zapatero o los desmentidos de Aznar- permitirán aclarar si la trágica elección de la Casa de España como uno de los objetivos de los comandos suicidas de Casablanca estuvo o no relacionada con la presencia en la minicumbre de las Azores del jefe del Gobierno español.

En cualquier caso, las reiteradas alusiones de Aznar a las obligaciones políticas y morales derivadas de la lucha contra el terrorismo a escala planetaria como clave del apoyo incondicional prestado por su Gobierno a la Administración de Bush -hoy por ti, mañana por mí- simplifica realidades de extraordinaria complejidad: su afirmación de que se debe tratar a los terroristas "igual en todas partes" está cargada de implicaciones peligrosas. Aunque resulte exigible el rechazo de toda justificación de los bárbaros procedimientos aplicados por cualquier organización terrorista, sería no sólo absurdo sino también contraproducente imponer una misma explicación a los orígenes y a las características de las proteicas manifestaciones específicas de esa violencia genérica. Un experto tan prestigioso como Walter Laqueur ha subrayado (Una historia del terrorismo, Paidos, 2003) las dificultades de aplicar un tratamiento homogeneizador a una práctica criminal utilizada de manera intermitente a lo largo de la historia por diversos colores del espectro político (desde la extrema derecha hasta los grupos revolucionarios), por organizaciones nacionalistas (como IRA o ETA) y por sectas religiosas fundamentalistas (musulmanas, cristianas o judías): "El término ha llegado a abarcar una gama tan amplia de variedades violentas que debería ser sustituido por otra palabra".

La equiparación mecánica entre ETA y Al Qaeda no sólo presta un mal servicio en el ámbito explicativo sino que también oculta las diferencias entre los diversos medios utilizados para hacerles frente. Tras el 11 de Septiembre, la Administración de Bush decidió responder al desafío terrorista con la guerra: si Afganistán e Irak han sido los dos primeros escenarios del despliegue militar, el campo de concentración de Guantánamo y la legislación excepcional aplicada dentro de Estados Unidos muestran el incierto destino que aguarda a sus prisioneros. La justificación de esos expeditivos procedimientos recuerda la eximente esgrimida por el defensor del almirante Lambruschini -citada por Ernesto Garzón Valdés en El velo de la ilusión (Sudamericana, 2000)- para pedir su absolución en el juicio contra la Junta Militar responsable del exterminio de miles de argentinos: "Cuando se vive entre lobos, hay que aullar como ellos". Salvo los episodios de guerra sucia producidos entre 1976 y 1986, la persecución de ETA ha corrido en España, empero, a cargo de policías y de jueces obedientes a las normas del Estado de derecho.