Más del 31% del territorio español padece un riesgo muy elevado de desertificación

El territorio de las islas Canarias, toda la costa mediterránea, Andalucía, Castilla-La Mancha y Aragón padecen procesos de desertificación, un término que define la descompensación entre los recursos naturales y su capacidad de regeneración. Para algunos expertos, este diagnóstico, que figura en el borrador de trabajo del Programa de Acción Nacional contra la Desertificación, es dramático. Para otros lo sería si España fuera un país carente de medios para combatir ese proceso, tal como ocurre en la mayoría de los países africanos y asiáticos que lo padecen.

Los procesos prolongados de desertificación en los países pobres suelen ser irreversibles. Una vez que se agotan los pozos de agua y la vegetación, a la población no le queda más remedio que emigrar o morir.

En España los recursos naturales de 15,9 millones de hectáreas (31,8% del territorio) en 34 provincias soportan una presión insostenible. Padecen un riesgo muy alto de desertificación si continúa el actual ritmo de sobreexplotación de sus recursos naturales.

Para expertos como el catedrático de Geografía Física Francisco López Bermúdez, la erosión del suelo y la desertificación en las regiones mediterráneas áridas y semiáridas "es el problema ambiental de mayor extensión espacial e incidencia ambiental y económica".

Hasta la catastrófica sequía del Sahel africano en los años setenta, la desertización se definía por sus efectos: falta de agua, pérdida de vegetación y de suelo, ausencia de biodiversidad. No se investigaban las causas. Lo hizo una geógrafa francesa. Observó que la sequía había sido precedida de un periodo más húmedo de lo habitual, un fenómeno que atrajo la emigración de numerosos agricultores y ganaderos del sur. Luego vino en la zona otro periodo seco mucho más intenso de lo habitual. Los inmigrantes no pudieron retroceder. Quedaron atrapados.

Hoy el Sahel se ha recuperado mejor de lo previsto, recuerda Juan Puigdefábregas, coordinador del sistema de vigilancia para la evaluación y seguimiento de la desertificación desde la estación experimental de aonas áridas del CSIC en Almería. "Un enfermo acude al médico cuando nota unos síntomas. Si el médico no averigua a qué responden, cuál es su origen, volverán a aparecer. Lo mismo ocurre con la desertificación. Antes se limitaba a un catálogo de desastres. Ahora lo definimos como un desequilibrio entre las actividades humanas y los recursos naturales", afirma Puigdefábregas.

Almería, paradigma

El paradigma de la desertificación en España es la provincia de Almería. Según Puigdefábregas, todo empezó en los años setenta, cuando los agricultores invirtieron mucho dinero en la transformación de pedregales en regadíos. Desde hace años, los pozos dan señales de agotamiento o sólo afloran agua desalada por infiltración del mar. "Los agricultores están ligados a estas explotaciones. No pueden dejarlas porque invirtieron mucho. Están endeudados y no les queda más remedio que seguir sobreexplotando los acuíferos", añade.

Lo mismo sucede en La Mancha o Murcia, donde la implantación de bombas eléctricas ha ido profundizando en el subsuelo en busca de agua para regadíos a un ritmo superior a la capacidad que tienen los acuíferos para recargarse.

En ambos casos, extensibles al resto de las provincias con amplios territorios afectados por riesgo muy alto de desertificación, se producen, según Puigdefábregas, "condiciones extremas en las que la población ha accedido a unos recursos antes no disponibles, y frente a los cuales carece de capacidad para autolimitarse".

Para Elías Fereres, presidente de la Academia de Ingeniería y experto internacional en producción vegetal, el mayor riesgo de la desertificación lo afrontan las comunidades pobres que carecen de recursos económicos para combatirla. No sería el caso de Almería, donde muchos agricultores han optado por invertir fuertes sumas en desaladoras para regar sus invernaderos con agua del mar.

En otras regiones donde los cultivos no son tan rentables, los agricultores reciben incentivos, a condición de que sus prácticas de laboreo sean sostenibles, según dos decretos de 2001 y 2002. Lo recuerda Leopoldo Rojo, responsable de coordinar el programa de lucha contra la desertificación desde el Ministerio de Medio Ambiente. Rojo reconoce que no es posible evaluar la evolución de la desertificación en España en los últimos años. Antes sólo se estimaba el estado de la erosión, la pérdida de suelo.

Ahora es mucho más complejo, desde que España firmó el Convenio de Lucha contra la Desertificación en 1994. Para diagnosticar los distintos grados de desertificación de un territorio árido o semiárido se mide la aridez (déficit de agua de lluvia), la erosión del suelo, la incidencia de los incendios forestales y la sobreexplotación de los acuíferos.

Con estos datos, el Ministerio de Medio Ambiente comenzó en 2001 el Inventario Nacional de Erosión de Suelos. Acaba de hacerse pública la primera entrega, la correspondiente a Murcia, que registra una pérdida de suelo de 21 toneladas por hectárea y año en los cultivos agrícolas y 8 en los terrenos forestales. Con todo, las pérdidas han disminuido un 26% respecto a 1987. Los resultados de la Comunidad de Madrid se presentarán en unas semanas.

Evaluación en 10 años

Para la directora de Conservación de la Naturaleza, Inés González Doncel, la evolución no se podrá evaluar hasta que se vuelva a hacer un inventario dentro de 10 años y se contrasten los datos con los de ahora, porque la metodología de 1987 y la actual son diferentes. De momento, la mayor presión de desertificación recae sobre las zonas hortofrutícolas costeras del sureste peninsular e islas Canarias, comarcas olivareras andaluzas, centro de la cuenca del Ebro, los regadíos continentales de La Mancha y las dehesas occidentales.

Históricamente, y desde la República, la lucha contra la desertificación se ha confiado a la reforestación. Desde entonces se han plantado árboles en 4,9 millones de hectáreas, un 10% del territorio. Pero el esfuerzo parece insuficiente, según los expertos, mientras la presión insostenible sobre los recursos naturales en el 31,8% del territorio restante no cesa de aumentar.

Según una respuesta del Gobierno al diputado socialista por Málaga Miguel Ángel Heredia, el Ministerio de Medio Ambiente ha computado para 2003 unas inversiones de más de 300.000 euros distribuidas en distintas actuaciones de repoblación forestal en las cabeceras de las cuencas de los ríos.

El objetivo de estas reforestaciones es doble: disponer de vegetación para retener el agua de lluvia y procurar que las plantaciones frenen la escorrentía y evitar así fuertes episodios erosivos como el ocurrido en la cuenca del Arás, afluente del río Gállego, el 7 de agosto de 1996 cerca de Biescas (Huesca), donde murieron más de ochenta personas en un cámping junto a la confluencia de ambos cauces. Este pequeño río, de no más de 18 kilómetros, registró un fenómeno de lluvias torrenciales sin precedentes. En una hora llegaron a caer entre 225 y 250 litros por metro cuadrado, lo que, en una cuenca de dimensiones tan reducidas, con desniveles de hasta 400 metros (más del 20%), produjo arrastres de suelo del orden de 13.000 toneladas de sedimentos en minuto y medio, según relató ante el Senado José María García Ruiz, geólogo del CSIC.