"Vamos avanzando para hacer justicia"

El sacerdote de Xàbia Antoni Llidó fue detenido en Chile en octubre de 1974 y trasladado a campos de tortura. Nunca más se supo de su paradero. Tenía 38 años. En todo este tiempo su familia, encabezada por su hermana Pepa Llidó y el marido de ésta, Ferran Zurriaga, no han cesado en su lucha por reclamar justicia y sobre todo por conocer el destino de quien fue definido por el dictador Augusto Pinochet, cuando se le preguntó por su suerte, así: "Ése no es un cura, es un marxista". Así reconoció que estaba al corriente de su detención. El jueves se produjo una buena noticia para la familia Llidó. El juez procesó a nueve ex agentes de la DINA, incluido el temido general Manuel Contreras, como autores del secuestro.

"Parece mentira, ¿no? casi 30 años después, pero vamos avanzando para hacer justicia", manifestó ayer Pepa Llidó. "Si hubiéramos hecho caso de los que nos decían que los habían amnistiado, que era ya cosa juzgada...", agregó. De hecho, los procesados fueron amnistiados en 1992 por la Corte Suprema chilena, pero la familia recurrió al juez Baltasar Garzón. El litigio es muy largo y Pepa conoce los entresijos del mismo. Recuerda, por ejemplo, que la presidenta del tribunal que trató la amnistía era la mujer de uno de los encausados, Ciro Torres. "En la historia del proceso hay mucho más, claro", apunta.

"¿Satisfacción? Bueno vas viendo que poco a poco igual conocemos más cosas", comenta en el tono monocorde que pone de relieve la infatigable fuerza de voluntad que ha mantenido la familia a lo largo de estos años de combate contra el olvido del cura, que era miembros de Cristianos por el socialismo. Se ha creado una asociación con el nombre de Antoni Llidó, se ha editado un libro con testimonios de sus amigos chilenos y sus familiares, e incluso su sobrino Andreu Zurriaga ha dirigido un emocionante documental sobre su labor social en Chile y el recuerdo imborrable que guardan los que fueron sus amigos.

Lo último que se ha podido conocer es que un ex agente de la DINA, el organismo represor de la dictadura de Pinochet, ha declarado al juez que entregó a Antoni Llidó a un responsable militar en la Colonia Dignidad, al sur del país. "No sé si encontraremos algo", comenta Pepa. Al menos se está intentando ahora hacer justicia, lo que viene a confirmar que la situación de Chile está cambiando, apunta Pepa. Ahora los jueces están obligados a investigar porque, entre otras razones, las familias de los desaparecidos no olvidan. Ha sido gracias al esfuerzo y al trabajo de ellas que se hecho avances significativos.

La investigación por el caso de Antoni Llidó se reactivó en Chile cuando los jueces empezaron a aplicar el criterio del delito permanente, en virtud del cual el secuestro de un detenido desaparecido se sigue cometiendo mientras sus restos no hayan sido encontrados. El caso Pinochet, en realidad, las convenciones internacionales que permitieron su detención en Londres, ha impulsado el actual proceso, a pesar de la ley de autoamnistía que decretó el propio régimen dictatorial en 1978.