Lula publica la lista de funcionarios que ganan más que el presidente
Fiel a su promesa de involucrar a la sociedad civil y a toda la opinión pública en el debate sobre el nuevo proyecto de reforma de la Seguridad Social presentado al Parlamento de Brasil, el presidente de la República, Luiz Inácio Lula da Silva, ha tomado dos decisiones espectaculares. El Boletín Oficial del Estado hará públicos mañana los nombres de los 21.663 funcionarios públicos civiles que ganan un sueldo superior al suyo, que es de 8.797.50 reales (unos 3.160 euros), algo que es anticonstitucional, a pesar de que los servidores públicos han conquistado estos salarios gracias a la connivencia de los jueces.
La otra medida es la publicación, hoy mismo, de los nombres de las 200.000 empresas que están en deuda con la Seguridad Social al no haber pagado las cuotas de sus trabajadores. En total, el Gobierno brasileño considera que dichas empresas han defraudado 21.000 millones de euros.
En lo referente a los sueldos de los fucionarios públicos, que se jubilan con el sueldo íntegro sin pagar impuestos, 222 de ellos superan el límite fijado en la reforma de las jubilaciones futuras, de 17.170 reales (unos 6.100 euros). Lula ya había dicho que todo eso no puede continuar en un país donde la mayoría de los ciudadanos se jubilan con una pensión de 90 euros al mes.
Por lo que se refiere al fraude de las empresas que en todos estos años no han pagado sus cuotas a la Seguridad Social, la llamada lista negra del Ministerio, se trata de un documento de más de mil páginas que los ciudadanos de a pie podrán consultar en una página de Internet. Frente al temor a que algunos jueces puedan prohibir la publicación de los nombres de algunas de dichas empresas, el ministro de Seguridad, Ricardo Berzoini, ha afirmado que el Gobierno está dispuesto a publicar los nombres de los jueces que pongan impedimentos a la publicación de la lista de las empresas endeudadas con el Estado.
El presidente Lula ha sido muy duro frente a los jueces corruptos y ha anunciado que va a vigilar que los magistrados cumplan con ética su función y no se hagan cómplices de quienes defraudan a las arcas del Estado.
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