Fausto Fernández dice que gravará con un impuesto las 300.000 viviendas vacías que hay en la Comunidad

El candidato de IU a la Comunidad, Fausto Fernández, cimentó ayer una de las tres patas de su programa electoral: la vivienda. Junto a la sanidad y la educación, constituyen las bazas que Izquierda Unida quiere jugar de cara al 25-M. Fernández anunció que gravará con un impuesto la posesión de las 300.000 viviendas vacías que, según sus cálculos, hay en la Comunidad.

La senda la marcó Madrazo. En las filas de IU, se considera que su coordinador general en el País Vasco y actual consejero de Vivienda del Gobierno Ibarretxe,ha obtenido buenos resultados con su política de alquiler y promoción de la vivienda pública, y Fernández no oculta que el plan director que ayer presentó se inspira en éste. El proyecto está basado en reforzar la oferta de alquiler e incrementar el número de viviendas protegidas. Para ello, el aspirante de IU creará una agencia pública que promueva que los pisos vacíos se pongan en régimen de alquiler, además de gravar las viviendas que no estén ocupadas.

"Inmovilizar una vivienda debe tener un coste", sentenció Fernández al respecto. El candidato, no obstante, aclaró que aún están perfilando los detalles de esta carga impositiva.

La operadora pública de vivienda comprará o alquilará unas 60.000 viviendas vacías a sus dueños para luego realquilarlas a un precio bajo.

El mensaje que mandó Fernández ayer es claro: construir menos y reutilizar más. Y quiso ilustrar esta idea con una propuesta: "Por el importe de 10.000 nuevas viviendas se podrían rehabilitar 60.000 que ahora mismo se encuentran en mal estado".

Fausto Fernández anunció sus planes después de la reunión que mantuvo con el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid (FRAVM), Prisciliano Castro, en la sede de esta organización.

En su encuentro, Fernández y Castro firmaron un acuerdo por el que IU adquiere una serie de compromisos con las asociaciones vecinales tras las elecciones para promover la participación de la sociedad civil en las decisiones políticas. Entre ellos destaca la creación de una oficina de reequilibrio territorial, en la que se invertirían 600 millones de euros.