El Estado cobrará a municipios y autonomías la deuda de sus empresas

Participar en empresas que arrastren deudas con Hacienda puede ser un quebradero de cabeza para ayuntamientos y comunidades autónomas. El Estado podrá exigir a las administraciones locales y autonómicas las deudas tributarias de las sociedades en las que participen, aunque sea de forma mínima. Así se contempla en el anteproyecto de la Ley General Tributaria, que declara "responsables solidarios" a autonomías y ayuntamientos.

El anteproyecto de Ley General Tributaria elaborado por el Gobierno, que ya ha sido remitido al Consejo de Estado como paso previo a su envío al Congreso de los Diputados en junio, contiene una medida que puede exasperar los ánimos de los gobiernos municipales y autonómicos de todos los colores políticos a las puertas de las elecciones del próximo 25 de mayo.

La disposición adicional décima de este anteproyecto de ley abre un frente con ambos tipos de administraciones. El primero, con las autonomías. Éstas quedan declaradas "responsables solidarias" de las deudas que tengan pendientes con Hacienda entidades de derecho público, sociedades o cualquier tipo de institución asociativa voluntaria pública que dependa de ellas o "de las que resulte ser socio o partícipe, en proporción a sus respectivas cuotas y sin perjuicio del derecho de repetir que les pueda asistir en su caso".

La responsabilidad solidaria significa que, por el hecho de participar, mucho o poco, en una sociedad, se debe asumir la responsabilidad por el pago de la totalidad de la deuda. El derecho supone que, después de haber pagado la deuda reclamada por Hacienda, la Administración autonómica deberá entendérselas con el resto de socios de la empresa o entidad para reclamar que le paguen su parte.

El ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, abre un segundo frente con las administraciones locales. Las corporaciones locales también son declaradas "responsables solidarias" sobre el pago de las deudas de las sociedades e instituciones asociativas en las que participen. Los entes locales también serán responsables, si el anteproyecto no sufre modificaciones durante su tramitación parlamentaria, de las deudas tributarias de las mancomunidades, comarcas, áreas metropolitanas y entidades de ámbito inferior al municipio.

Fuentes conocedoras del texto destacan, por una parte, el freno a las participaciones accionariales de las administraciones distintas a la estatal que puede ocasionar esta disposición. Y, por la otra, los expertos subrayan que el texto no establece la misma responsabilidad solidaria en relación con los entes públicos dependientes del Estado y sus posibles deudas en los distintos tributos. El régimen de responsabilidad para ayuntamientos y comunidades es también más exigente que para las sociedades privadas. Del mismo anteproyecto se desprende que el Estado va a restar la cuantía de estas deudas empresariales del dinero que la Administración estatal le pasa a ayuntamientos y autonomías. En concreto, el artículo 74 de la nueva norma explícita que las deudas con Hacienda "vencidas, líquidas y exigibles" a comunidades autónomas, entes locales y otras entidades de derecho público "podrán extinguirse con las deducciones sobre las cantidades que la Administración del Estado deba transferir a las referidas entidades".

Los gobiernos autonómicos y municipales no son los únicos escamados por la nueva Ley General Tributaria. Otro de los frentes abiertos lo protagonizan los sectores empresariales que suelen subcontratar más las obras, como la construcción. Las empresas subcontratadoras de obras o de servicios se declaraban responsables subsidiarias de las deudas tributarias de las subcontratadas.