El Gobierno corrige un nuevo "error" y da marcha atrás en la reforma del régimen agrario

El Gobierno ha dado marcha atrás y, mediante una "corrección de errores" publicada en el BOE, ha modificado la reforma del Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) que planteaba para los trabajadores por cuenta propia. Esta reforma, recogida en las medidas aprobadas el pasado 26 de abril por decreto, suponía una fuerte subida de las cotizaciones (23%), que ahora se reduce algo más de la mitad (10%), a cambio de una mejora de prestaciones. Todas las organizaciones agrarias rechazaron la medida y acusaron al Ejecutivo de desmatelar el régimen agrario.

El Gobierno reconoció su "error" ayer en el BOE. La presión de las organizaciones agrarias y las vísperas electorales no recomendaban tener en contra a un colectivo de más de 300.000 autónomos con sus respectivas familias. En primer lugar, sostiene que se había equivocado en sus cálculos y ha rectificado las cifras publicadas en un real decreto del 25 de abril reduciendo la subidas de cotizaciones propuestas para el primer año, de manera que en lugar de aumentar 25 euros (23%) mensuales lo hará 11 euros (10%).

La segunda decisión ha consistido en sustituir el real decreto por un proyecto de ley para su debate parlamentario. La tercera medida es la voluntariedad de acogerse a los cambios propuestos. El PSOE había decidido ya presentar recurso de inconstitucionalidad contra esta reforma.

Actualmente, el Régimen Especial Agrario de la Seguridad Social (REASS) tiene una afiliación de 302.000 personas por cuenta propia y otras 67.000 como trabajadores autónomos. El envejecimiento del colectivo hace que en este momento por cada activo haya tres pensionistas, lo que hace que sea un régimen fuertemente deficitario. Los agricultores son uno de los grupos con una cotización más baja y también con menores prestaciones al margen de las carencias sanitarias del medio rural.

El real decreto aprobado por el Gobierno el 25 de abril contemplaba elevar a lo largo de 15 años, desde el 1 de enero de 2004, la cotización de los trabajadores por cuenta propia hasta su equiparación con los trabajadores autónomos. Ello suponía pasar la cuota media de 111,20 a 216 euros en el año 2018, pasando la base de 585 a 7.450,4 euros.

A cambio, se introducían una serie de mejoras, como la rebaja de 15 a 4 días para el cobro de la incapacidad temporal, la exoneración de cuotas a los mayores de 65 años que sigan trabajando o la incorporación de la mujer al régimen. Estas mejoras se mantienen.

Todas las organizaciones agrarias acusaron al Gobierno de querer desmantelar el sistema por decreto. El responsable de COAG, Miguel López, acusó al Ejecutivo de seguir con los decretazos. Pedro Barato, presidente de Asaja, rechazaba la forma y el montante de las subidas, y el secretario general de UPA, Fernando Moraleda, acusaba al Gobierno de desmantelar el REASS. Tras las conversaciones mantenidas con el secretario de Estado de la la Seguridad Social, Gerardo Camps, la situación ha cambiado.

Reforma con negociación

Según los compromisos alcanzados, el Gobierno se compromete a llevar adelante la reforma del REASS desde la negociación, no a través de un real decreto, sino con un proyecto de ley en el Parlamento. Ello dará lugar a que sea escuchado todo el sector.

Un segundo cambio ha sido la rebaja de las propuestas de subida de las cotizaciones. El Ejecutivo se ha cubierto las espaldas señalando que las cotizaciones iniciales estaban equivocadas. Un tercer aspecto en esta reforma es la decisión del Gobierno de que haya voluntariedad a la hora de acogerse a la propuesta, lo que supone la continuidad del régimen. Para el sector agrario, al margen de estas modificaciones, lo más importante es que se abre un debate sobre qué es y qué debe ser el REASS para los trabajadores por cuenta propia

Esta rectificación para los autónomos se suma a la corrección que el Gobierno hizo en enero pasado al último contencioso pendiente del decretazo y que afectaba a los jornaleros del campo (trabajadores por cuenta ajena) de Andalucía y Extremadura. Entonces creó la figura de la renta agraria para los jornaleros que se quedaron sin subsidio en la reforma de la protección del desempleo de mayo de 2002, detonante de la huelga general del 20 de junio de ese año, y que en siete de sus ocho puntos fue enmendada en octubre de ese año.