Un agujero negro que estrangula el crecimiento

El sistema público de pensiones de Brasil es uno de los más generosos del mundo y, para Luiz Inácio Lula Da Silva, un lujo que el país no puede permitirse. Baste un ejemplo: los funcionarios brasileños no sólo se jubilan con el salario completo, sino que aumentan su poder adquisitivo al dejar de pagar sus cuotas a la Seguridad Social.

Las empleadas públicas brasileñas se jubilan con 50 años; sus compañeros, poco después. La viuda de un militar recibe el 100% del salario y, al morir, sus hijas heredan la prestación completa. Hay funcionarios -profesores, políticos o jueces- que cobran varias pensiones.

Mientras que el sistema público de pensiones, del que se benefician sólo 2,5 millones de brasileños, tiene un déficit equivalente al 4,2% del PIB brasileño, el sistema privado, con 20 millones de beneficiarios, tiene un desequilibrio del 1,3% del PIB. El objetivo de Lula es acabar con esas y otras paradojas del sistema, que estrangulan el crecimiento económico y fomentan las tremendas desigualdades existentes en la sociedad brasileña.

Con la reforma de la Seguridad Social, el presidente brasileño pretende:

- Aumentar la edad mínima de jubilación de 48 a 55 años para la mujeres y de 53 a 60 para los hombres.

- Limitar a 2.400 reales (unos 800 euros) la cuantía máxima de las pensiones.

- Duplicar, hasta los 20 años, el periodo de tiempo que un funcionario debe trabajar para recibir a una pensión.

- Obligar a los futuros jubilados a pagar cuotas a la Seguridad Social.

- Someter a los nuevos funcionarios al sistema de pensiones de los trabajadores del sector privado.

- Reducir las pensiones de viudedad al 70% de la pensión original.

Con estas medidas, Lula busca ahorrar unos 1.700 millones de reales el año que viene, justo lo que costará su plan contra la pobreza Hambre Cero.