La Abogacía y la Fiscalía recurrirán ante el Supremo 225 listas de Euskadi y Navarra

La semana que hoy empieza es decisiva para llevar adelante la ilegalización de 225 listas electorales presentadas en Euskadi y Navarra que el Gobierno central sospecha que son "Batasuna con un sombrero nuevo". Las Juntas Electorales proclamarán hoy oficialmente las listas. El equipo de trabajo que se constituyó el 5 de agosto en el Ministerio de Justicia para impulsar la ilegalización de Batasuna prepara una catarata de demandas para anular 225 candidaturas. Todos los recursos contra las listas serán presentados por la Abogacía del Estado y la Fiscalía General y la hipótesis más probable es que todos ellos desglosen en una demanda general los criterios esgrimidos en su día para ilegalizar a Batasuna.

El Gobierno quiere desenmascarar aquellas candidaturas que son "un disfraz de ETA"

Los ministerios de Interior y de Justicia trabajan conjuntamente, según fuentes del Gobierno consultadas ayer por este periódico, para "impedir que ETA siga alimentándose de las instituciones democráticas y dejar al terrorismo fuera de las instituciones". La sintonía de los titulares de ambos departamentos, Ángel Acebes y José María Michavila, facilita también este trabajo conjunto.

Este fin de semana, el equipo que, desde Justicia, dirigen Álvaro García Tizón, abogado general del Estado, y la subsecretaria del ministerio, María José García Beato, ha ultimado los detalles jurídicos del procedimiento contra "unas 225 listas electorales" que el Ejecutivo considera "el disfraz político de ETA". En estas candidaturas se presentan más de 700 personas que en las pasadas listas municipales integraron listas de Euskal Herritarrok, luego Batasuna.

El trabajo, por parte de la Fiscalía General del Estado está coordinado por el fiscal jefe de lo Contencioso y por los fiscales jefes del País Vasco, Navarra y las tres provincias vascas.

En el Ministerio del Interior, la tarea que se ultimaba este fin de semana, "de forma minuciosa

y con la colaboración de las Delegaciones del Gobierno en el País Vasco", consiste en "cruzar los nombres de todas y cada una de las candidaturas para ver similitudes" con el partido independentista vasco ahora ilegalizado por el Supremo tras las demandas presentadas por el Gobierno central y la Fiscalía General del Estado.

El jueves, los recursos

Los planes de la Abogacía del Estado y de la Fiscalía General consisten en

agotar el plazo y el jueves, último día para presentar los recursos, presentarán sus demandas por supuesta vulneración de la Ley de Partidos Políticos ante la Sala Especial del Tribunal Supremo.

Se trataría, según fuentes que trabajan en las demandas contra las 225 listas en las que han visto elementos comunes con la formación ilegalizada, de "trasladar lo evidente a las pruebas jurídicas".

Un miembro del Gobierno recordaba ayer que cuando el alcalde de Vitoria, Alfonso Alonso, declaró en la Audiencia Nacional contra HB dijo que "hasta los niños de teta saben que ETA y Batasuna son lo mismo". Ahora, añaden estas fuentes, "se trata de trasladar lo evidente a las pruebas jurídicas". Mantienen que esto técnicamente significa "aplicar una previsión jurídica que existe desde el 26 de julio del año pasado", es decir, aplicar la Ley de Partidos y, en concreto, su artículo 12, que define los efectos de la disolución judicial de un partido político. Ese artículo 12 explica que el PP haya optado por dejar todo el peso de la presentación de las demandas ante el Tribunal Supremo a la Abogacía y a la Fiscalía del Estado, en lugar de sumar, como una vía paralela, los recursos de los propios partidos ante las Juntas Electorales.

Esta decisión del PP, anunciada el viernes por Jaime Mayor Oreja, se apoya en que el artículo 12.2 de la Ley de Partidos, que fija que debe ser la "sala sentenciadora", es decir, la Sala Especial del Tribunal Supremo en este caso, quien se ocupe de que "que se respeten y ejecuten todos los efectos previstos por las leyes para el supuesto de disolución de un partido político".

La argumentación jurídica básica para demostrar que tanto la plataforma AuB, que presenta candidaturas a las tres diputaciones forales vascas y a la comunidad de Navarra, como las agrupaciones independientes de electores que se presentan al menos en 194 municipios vascos, son "una nueva marca con la que ETA intenta aprovecharse de las instituciones democráticas", según la calificación del Ejecutivo, se apoyará en la disposición adicional segunda de la Ley de Partidos.

Esa disposición dice textualmete: "No podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido". Las "similitudes" que analizan en el Ministerio del Interior para contrastar si se está produciendo, en la práctica, esa "sucesión" es que "o las personas, o los medios, o las sedes, o las vías de financiación, o incluso el proyecto muestren coincidencias".

Fuentes del Ejecutivo confían en que el "porcentaje de ilegalización" que se logre con la "catarata de demandas que la Abogacía del Estado y la Fiscalía General" presentarán el jueves ante el Supremo sea "muy alto, pues son muy descarados".

En concreto, destacan, "AuB ha hecho una confesión de parte de que es el sucesor natural de Batasuna y en las candidaturas de supuestos independientes estamos encontrando un elevadísimo porcentaje de personas que ya participaron en las listas del partido abertzale ilegalizado". En todo caso, estas fuentes admiten que "la prueba es más fácil con AuB que con las agrupaciones de electores".

En opinión del líder de los populares vascos, Jaime Mayor, "es más importante que la ilegalización afecte a la marca de ETA en los pueblos pequeños que en las ciudades. El motivo, a su juicio, es que "el nacionalismo se ha repartido los ámbitos de influencia y ha dejado al PNV las ciudades y a ETA los pueblos".

La anulación de las candidaturas por parte de la Sala Especial del Tribunal Supremo puede ser recurrida por los afectados ante el Tribunal Constitucional, que deberá resolver estos recursos antes del comienzo de la campaña electoral, el próximo viernes 9 de mayo.