Menos del 5% de los jueces ha pedido que se acredite que saben euskera

"Dos tercios de los jueces del País Vasco sabrán euskera dentro de cinco años si se mantiene el ritmo actual de aprendizaje". Esta afirmación la realizó Javier Delgado cuando era presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) durante una visita a Euskadi en mayo de 1998. Cinco años después, su previsión está muy lejos de hacerse realidad. Tan sólo ocho de los 180 jueces y magistrados que ejercen en Euskadi (el 4,4%) han solicitado al CGPJ, órgano del que dependen, que les acredite su conocimiento del euskera.

El hecho de que sólo ocho hayan dado este paso no significa que no haya más que sepan euskera y que puedan dirigir una vista en la lengua vasca, pero ante la ausencia de una estadística oficial sobre el conocimiento del idioma es el mejor indicador de que el proceso de euskaldunización en la carrera judicial no avanza al ritmo esperado. Delgado realizó su previsión en medio de una crisis generada por la normalización lingüística, que incluso llegó a dividir a los jueces. Mientras algunos se mostraron enérgicos en su defensa de la normalización, otros expresaron sus reticencias.

La memoria judicial del año pasado señala que un total de 30 jueces y magistrados y 32 jueces sustitutos, además de 11 jueces de paz, está realizando actualmente cursos de aprendizaje y perfeccionamiento del euskera.El CGPJ introdujo en 1998 el reconocimiento del idioma propio de la comunidad donde ejercen los jueces como mérito a efectos de su puntuación para los concursos de traslados. Son los jueces y magistrados quienes deben solicitar al Poder Judicial que les acredite este conocimiento de la lengua aportando los títulos y documentos necesarios.

Un portavoz del Consejo indicó a EL PAÍS que si los profesionales saben euskera suelen pedir la acreditación para acumular puntos por si se produce una vacante. Todos los concursos de traslados se resuelven por riguroso orden de antigüedad, pero el puesto de los aspirantes puede variar si cuentan con puntos por el conocimiento del idioma y del Derecho Civil o Foral propio de la comunidad donde trabajan.

Puede suceder, aunque no es habitual según este portavoz, que un juez o magistrado domine el euskera y no tenga intención de trasladarse nunca del destino que tiene y, por lo tanto, no se plantee que el CGPJ le reconozca su conocimiento del idioma. Éste es el caso de algunos jueces bilingües, que no piensan en un ascenso ni cambio de destino o que no quieren sacar un beneficio personal a su condición.

Cursos

El lento avance de la euskaldunización entre los jueces es justo lo contrario de lo que ocurre en comunidades como Cataluña, donde el conocimiento del catalán también permite mejorar puestos a la hora de aspirar a los puestos en la carrera judicial. El mejor ejemplo lo ofrecen los nuevos aspirantes a jueces, que aún no siendo catalanes, durante su estancia en la Escuela Judicial sí aprenden este idioma porque aspiran a un destino en Cataluña. De los alumnos que están culminando sus estudios este mes, 61 han acreditado el conocimiento del catalán, 49 el valenciano (las estadística del CGPJ establecen esta diferencia) y 18 el gallego. Ninguno la lengua vasca.

Las previsiones que en su momento hizo el presidente del CGPJ se basaban en la buena acogida de los diferentes cursos organizados con el Gobierno vasco para impulsar la euskaldunización entre los miembros de la judicatura. Estas previsiones fueron ratificadas meses después por el entonces consejero de Justicia, Sabin Intxaurraga, quien también apuntó que en 2003 se podrían celebrar juicios en euskera con normalidad. "En prácticamente todos los juzgados" de la comunidad, llegó a augurar Intxaurraga. Al igual que Delgado, el consejero sustentó su hipótesis en los elevados índices de matriculación de jueces y funcionarios en los cursos de euskera, que de un año a otro duplican el número.

Posteriormente, en el mes de junio de 2001, el Gobierno aprobó el decreto con el que pretende euskaldunizar en diez años al 40% de los 1.700 funcionarios de la Administración de Justicia, entre agentes, auxiliares, oficiales y forenses. Los jueces y magistrados no están afectados por este decreto.