Firma entre dudas

Ha querido el destino que sea en esta semana de pasión cuando, por fin, se haga realidad el traspaso de las políticas activas de empleo a Andalucía. Llegan con siete años de retraso y después de reiterados anuncios sobre la inminencia de un acuerdo que, luego, se frustraba dando al traste con las lógicas expectativas que se generaban gracias, sobre todo, a la ingenuidad de algunos de nuestros gobernantes, muy dados a creerse a pie juntillas lo que en Madrid les decían.

Una y otra vez venían a asegurar que sólo faltaban unos flecos para cerrar la negociación pero lo cierto era que esos flecos han hecho que Andalucía sea una de las últimas comunidades en contar con estas competencias a pesar de la importancia social y económica de esta región y de ser, precisamente, una de las más necesitadas en contar con un instrumento propio para luchar con más eficacia contra el paro.

Sin embargo, todo cambió con la llegada al Ministerio de Trabajo de Eduardo Zaplana, quien nunca entendió cómo este asunto permanecía bloqueado en el tiempo. Lanzó el mensaje a Manuel Chaves advirtiéndole de que el único interlocutor en el Gobierno central para solucionar el conflicto era él, y no otro, así que en pocas semanas se cerró un entendimiento hasta entonces imposible de conseguir. El mismo Javier Arenas, al que en Andalucía se culpa directamente de este retraso, ha querido neutralizar hábilmente este reproche felicitando en público al político valenciano por el éxito alcanzado.

La foto

Pero las escaramuzas continuarán hasta el final. Ahora no se conforman con que el acto de la firma esté protagonizado por el consejero de la Presidencia, Gaspar Zarrías, quien asume, de forma indelegable, la representación del Gobierno autónomo en la comisión mixta de transferencias. Quieren una celebración por todo lo alto, con una foto en la que esté el presidente de la Junta, Manuel Chaves, quien nunca antes había asistido a una ceremonia de este tipo. De modo que, como parece que han descubierto los populares un extraordinario amor hacia Chaves, a quien en más de una ocasión han tratado de orillarle en actos oficiales, Arenas se está pensando en no acudir al acto de la firma del traspaso si no está, también, el presidente andaluz. Una pena. Puestas así las cosas, a lo mejor rebajan el nivel institucional del acto hasta el punto de que no participe ministro alguno, ocasión que, aunque es legalmente imposible, bien podría aprovecharse para que firmara, por parte andaluza, el consejero de Empleo y Desarrollo Tecnológico, José Antonio Viera, quien se muere de ganas por participar en tan histórico acontecimiento.

Pero no va ser la única duda. Queda por determinar algo que puede resultar clave para las arcas de la Administración autonómica. Y es que la llegada de esas competencias tiene que tener una conexión perfecta con el recientemente aprobado decreto que regula la renta agraria. No hay que olvidar que en el mismo se marca el diseño de planes personalizados que den prioridad a los jornaleros en cursos de formación y talleres de empleo. Esas actuaciones pueden suponer un alto coste sin que hasta ahora se haya especificado con claridad quién va a poner el dinero. Todo eso, sin descartar la posibilidad de que los sindicatos decidan en estos días presentar recurso en los tribunales contra el contenido de dicho decreto, aunque hay quien piensa que la unidad sindical entre UGT y CC OO ha quedado tan dañada, tras la convocatoria por parte de los ugetistas, de forma unilateral, de la huelga general contra la consecuencias económicas de la guerra de Irak, que resulta difícil pensar en una nueva acción concertada contra una medida del Ejecutivo central, como es la llamada renta agraria que sigue sin gustar en Andalucía.