El Gobierno no acepta alegaciones en la renta agraria de los jornaleros

El Consejo de Ministros aprobó ayer la norma que regula la renta agraria, la nueva prestación para los jornaleros andaluces y extremeños con cuyo anuncio se cerró en enero el último asunto pendiente del pulso que mantuvieron el año pasado el Gobierno y los sindicatos a raíz de la publicación del decretazo. CC OO y UGT abandonaron entonces las movilizaciones, aunque plantearon modificaciones contundentes al proyecto, alegaciones que el Ministerio de Trabajo ha desechado.

El decretazo también afectó al subsidio agrario, la prestación que, con pequeños cambios, cobran desde 1985 los jornaleros andaluces y extremeños (unos 365.000 de media). El decretazo cerraba este sistema a los jornaleros que lo hubiesen percibido en alguno de los tres últimos años. Para los que se quedaran fuera, el Gobierno planteó un sistema de protección, similar al del régimen general (un mínimo de tres meses de prestación si se acumulan 360 días cotizados), que los sindicatos rechazaron por inaplicable.

Las movilizaciones y la huelga general del 20 de junio llevaron al Gobierno a atender varias de las exigencias sindicales sobre el decretazo en noviembre pasado, pero no la que hacía referencia al subsidio agrario. Tras nuevas manifestaciones en Andalucía y Extremadura y la amenaza de una huelga en el medio rural, el ministro de Trabajo, Eduardo Zaplana, presentó la renta agraria, una nueva prestación diseñada para los jornaleros que se quedaban sin acceso al subsidio tras el decretazo. Y los sindicatos aceptaron, aunque con reparos.

La renta agraria garantiza la misma prestación (el 75% del salario mínimo durante seis meses) por las mismas condiciones (35 peonadas) que el subsidio. E incluso permite elevarla (hasta el 100% del salario mínimo) si se presentaban más peonadas (180). También asegura su carácter contributivo y prevé el diseño de planes personalizados que dan prioridad a los jornaleros en cursos de formación y talleres de empleo.

Pero también endurece el acceso a la prestación respecto al subsidio, al exigir diez años de empadronamiento en Andalucía o Extremadura, lo que, según los sindicatos, es inconstitucional y conculca la Ley de Extranjería al suponer una "discriminación" para el colectivo de inmigrantes que trabajan en el campo. CC OO y UGT pidieron además que el decreto no limitara a seis ocasiones el cobro del subsidio o que se incluyeran los jornales del antiguo Plan de Empleo Rural (obras públicas en los municipios) para el recuento de peonadas, cuestiones todas ellas que el Ministerio no ha admitido. Los Ejecutivos andaluz y extremeño enviaron alegaciones similares y anticiparon que estudiarían recurrir al Constitucional si no eran aceptadas.