El fiscal pide que se abra juicio contra dos empresas por expandir la peste porcina

El fiscal especial nombrado en su momento para investigar el origen del último brote de peste porcina clásica (PPC), declarado en Lleida en verano del año 2001, ha solicitado al juez que instruye las diligencias del caso la apertura de juicio contra dos empresas integradoras de ganado porcino, Piensos Gatnau y Piensos Yak, por un presunto delito de daños por imprudencia al ocultar que algunos de sus cerdos estaban afectados por la peste, lo cual contribuyó a la expansión de la enfermedad. El juicio se celebrará probablemente después del verano.

La Fiscalía de Lleida abrió una investigación penal a requerimiento del Departamento de Agricultura, que inicialmente expedientó a cuatro empresas sospechosas de haber ocultado la aparición de la enfermedad en sus instalaciones y, por consiguiente, de haber favorecido su propagación a otras explotaciones de la provincia.

Durante los últimos dos años, el juez ha interrogado a una veintena de ganaderos, veterinarios y transportistas. La PPC es una enfermedad contagiosa que obliga a sacrificar a los animales que la padecen, pero que no comporta riesgos para la salud humana. La Generalitat declaró la existencia del nuevo brote de peste el 16 de junio de 2001 tras sacrificar 2.053 cerdos en una granja de Soses (Segrià). La epidemia se extendió a varias comarcas de la plana de Lleida y obligó a sacrificar más de 90.000 animales y a inmovilizar los de centenares de explotaciones.

El comité veterinario de la Unión Europea no levantó las restricciones impuestas al movimiento de ganado porcino de Lleida hasta finales del mes de noviembre de 2001. A los pocos días del levantamiento de las limitaciones de movimientos, la Generalitat se vio obligada a declarar que la enfermedad se había extendido a la comarca barcelonesa de Osona.

Delito de daños

Una vez finalizada la investigación sin haber podido determinar con exactitud el origen de la peste -se llegó a sospechar que procedía de algún país del Este de Europa y de algunas granjas de Aranda de Duero (Burgos), Cuenca, Zamora y Segovia-, la fiscalía solicita al juzgado la incoación de un procedimiento abreviado por un delito de daños contra los responsables de las integradoras de Piensos Gatnau y Piensos Yak (propietarios de los primeros cerdos enfermos). Además, en el procedimiento figuran varios veterinarios y algunos ganaderos.

La tesis del fiscal es que todos son responsables de la propagación de la PPC por conducta imprudente, principalmente por ocultar la aparición de la enfermedad en sus granjas o demorar maliciosamente su declaración a las autoridades veterinarias.

Si en el juicio se demuestran finalmente las tesis del fiscal, las personas imputadas podrían ser condenadas a penas de prisión y de multa. También podrían ser obligadas a abonar 100 millones de euros, importe de las indemnizaciones que las administraciones públicas (la Unión Europea, el Gobierno central y la Generalitat) tuvieron que desembolsar para pagar los animales sacrificados a los propietarios de granjas afectadas por la enfermedad.