Agentes infiltrados en la oposición testifican en el tribunal contra los disidentes de Cuba

Ayer se celebraron tres juicios en La Habana y otros tres en el interior de la isla. De nuevo, el denominador común fue la supuesta participación de los disidentes en "actividades conspirativas" de la Sección de Intereses de Estados Unidos (SINA) y la vinculación con su jefe, James Cason. En otras palabras, fueron acusados de colaboracionistas al servicio de Washington.

La causa número 348/3 contra Rivero y el periodista independiente Ricardo González Alonso, para quienes la fiscalía pide penas de 20 años de cárcel y cadena perpetua, respectivamente, despertó gran expectación en medios diplomáticos. Rivero es vicepresidente regional para la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP). En 1995 fundó la agencia de prensa disidente Cuba Press.

En sus conclusiones provisionales, el fiscal Miguel Ángel Moreno Carpio acusó a Rivero de "desacreditar" en sus informaciones al "sistema de gobierno cubano, sus instituciones, sus dirigentes y sistema social, con la finalidad de aglutinar algunos contrarrevolucionarios que se presentarán a actuar en correspondencia con los fines del Gobierno de EE UU".

La fiscalía acusa a Rivero y a Alfonso de "difundir falsas noticias para satisfacer los intereses de sus patrocinadores del Gobierno norteamericano". Del primero dice que ha realizado "publicaciones subversivas" para la revista Encuentro, fundada en España por el exiliado ya fallecido Jesús Díaz. También de trabajar para Reporteros sin Fronteras y para Radio Martí, emisora patrocinada por el Gobierno norteamericano.

La esposa de Rivero, Blanca Reyes, denunció que el abogado que designó para defender a su marido no pudo entrevistarse con él antes del juicio. "Estos juicios son una farsa", denunció un familiar de uno de los disidentes procesados el jueves. "En menos de tres semanas los han detenido, han instruido las causas a todo correr y los han juzgado. Y nos han dicho que las sentencias podrían salir en las próximas horas".

Cadena perpetua

En el juicio que se celebró en el Tribunal de 10 de Octubre, donde se juzgo a Martha Beatriz Roque -para quien se pide cadena perpetua- , se presentó una de sus principales colaboradoras en la Asamblea para la Promoción de la Sociedad Civil, Aleida Godínez. Pero no lo hizo para defenderla, sino para declarar que era la agente Vilma de la Seguridad del Estado y denunciar sus vínculos con la SINA.

Lo mismo ocurrió en el juicio contra Héctor Palacios y Osvaldo Alfonso. Allí, el presidente del Colegio Médico Independiente de Cuba, Pedro Véliz, y la presidenta del Partido Pro Derechos Humanos informaron de su verdadera identidad: los agentes Ernesto y Tania, durante años infiltrados en la disidencia.

Ayer, el Gobierno cubano decidió posponer la celebración de la III Conferencia de la Nación y la Emigración, prevista para el 11 de abril, a la que estaban invitados cerca de mil exiliados. La Habana atribuyó esta decisión a "la tensión internacional provocada por la guerra contra Irak" y al "creciente deterioro de las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, como consecuencia del incremento de la hostilidad y las provocaciones contra nuestro país".

"Los juicios contra los disidentes también parecen ser parte de la agravación del conflicto entre Cuba y EE UU, y en este contexto han pagado los platos rotos", opinaba ayer un diplomático.

Por otro lado, las autoridades cubanas informaron de que la embarcación secuestrada por un grupo de 10 personas armadas con pistolas y cuchillos, que permanecía desde el miércoles en el puerto del Mariel rodeada por la policía, se resolvió el jueves sin necesidad de usar la fuerza y sin que ninguno de los 50 rehenes resultara herido. El desenlace del secuestro se produjo cuando varios pasajeros se tiraron al agua y otros neutralizaron a los secuestradores.