La venta de transgénicos no autorizados será multada con un millón de euros

El Congreso aprobó ayer definitivamente la ley que regula la comercialización y liberación de los transgénicos. La ley establece las condiciones para aprobar nuevas variedades de transgénicos y establece multas de hasta 1.200.000 euros para quienes comercialicen o importen variedades no autorizadas. El PSOE y los ecologistas critican que la ley está pensada para las empresas de biotecnología.

La diputada del PP y ponente en la ley, Blanca Fernández Capel, señaló que la norma pretende evaluar "caso a caso" la comercialización de organismos modificados genéticamente (transgénicos). Francisco Amarillo, del PSOE, afirmó que la ley es "una mala transposición de una buena directiva europea". Y añadió: "Si la directiva iba por la senda de la seguridad, ésta va por la de la permisividad". Juan Felipe Carrasco, de Greenpeace, calificó la ley de "nefasta" y señaló que carece de transparencia. Afirmó que el texto elude el estudio de los efectos a largo plazo y los efectos no deseados.

- Sanciones. El texto establece que las sanciones para quien comercialice transgénicos sin autorización, incumpla las condiciones con las que se aprobaron o importe una variedad no autorizada podrán llegar hasta los 1.200.000 euros. La norma obliga a etiquetar los transgénicos, aunque no especifica de qué manera. Establece multas de hasta 300.000 euros para quien lo incumpla.

- Aprobación. La ley establece que una comisión con representantes de los ministerios de Sanidad, Medio Ambiente y Agricultura será la encargada de aprobar las variedade de transgénicos tras la evaluación del riesgo, tanto para la salud humana como para el medio ambiente. Señala que sólo se liberarán transgénicos cuando "la evaluación de las etapas anteriores revele que puede pasarse a la siguiente sin riesgos". Las encargadas de las inspecciones son las comunidades autónomas.

El PSOE presentó una enmienda para incluir en la comisión a cuatro expertos que no hubieran trabajado para la industria biotecnológica en los últimos 10 años. El PP rechazó la enmienda. Fernández Capel aseguró que ya existe un órgano asesor de expertos y que nunca se han rechazado sus dictámenes. Amarillo criticó que los expertos queden recluidos en un órgano asesor y no tengan capacidad de decisión. "En estos temas, la independencia es seguridad", afirmó.

- Trazabilidad. La ley establece que quienes comercialicen transgénicos "conservarán los datos [...] para facilitar su control y posible retirada del mercado en todas las fases de comercialización, con el fin de obtener la localización retroactiva de sus movimientos en todas las etapas".

- Acceso público. El texto establece que serán públicos los datos de las variedades autorizadas y los resultados sobre los controles de comercialización. Carrasco criticó que no establezca que serán públicos las zonas en las que hay planatdos transgénicos. "Como puede haber trasngénicos plantados en una zona sin que lo sepa el agricultor de al lado, van a aumentar las contaminaciones".