Un compromiso colectivo

El proyecto de Ley de Flora y Fauna Silvestres, aprobado por el Consejo de Gobierno de Gobierno de la Junta de Andalucía y actualmente en fase parlamentaria, se ha encontrado con una fuerte resistencia en el sector de la caza que, según leo en la prensa, considera "un grave problema que la misma norma pretenda reglamentar materias tan dispares como la flora, la fauna y la actividad cinegética" y abogan por una ley específica sobre esta materia. Argumentan también que "en todas las zonas rurales andaluzas existe una gran sensibilidad hacia estas actividades y, a la vez, una enorme preocupación por la inseguridad que viene provocando el excesivo intervencionismo de las políticas medioambientales que, lejos de potenciar el desarrollo sostenible, se convierten en permanentes coartadas para frenar iniciativas que permitan avanzar en esa dirección" (ABC, 17-3-2003).

La Consejería de Medio Ambiente, por su parte, califica esta Ley de "integral" por apostar tanto por la conservación como por el uso sostenible de la flora y fauna silvestre de Andalucía, como una norma que garantiza el cumplimiento de las directivas europeas, una Ley conciliadora de los intereses vinculados a los aprovechamientos del monte mediterráneo andaluz con los de conservación de la biodiversidad y procesos ecológicos asociados a dicho monte, garantizadora de los derechos de todos, que corresponsabiliza a todos los usuarios del medio rural andaluz, disuasoria de los usos ilegales, impulsora de la prevención, la ordenación y la regulación como mecanismos de conciliación de intereses, que fomenta la continuidad de los usos en un marco de sostenibilidad y apuesta decididamente por la certificación de calidad.

Hay que aportar también el dato de que las normas cinegéticas en vigor se remontan a 1970 y las de pesca continental a 1942.

A mi juicio, la principal virtualidad de esta Ley es, precisamente, su carácter integral. Argumentar, como hacen ASAJA o la Federación Andaluza de Caza, que la flora, la fauna y la caza son materias "dispares" es partir de un concepto caduco de las relaciones con el medio natural. Si otras actividades que se desarrollan en éste (en Doñana tenemos la experiencia de los usos tradicionales) están sujetas a regulación según criterios de respeto al medio ambiente, una actividad deportiva y de ocio como la que nos ocupa también debe hacerlo.

Esto no quiere decir, y creo que el espíritu de la Ley va en este sentido, que esta cuestión se deba afrontar de forma excluyente. El "punto de encuentro", como ha escrito la Consejera de Medio Ambiente, es posible y, sobre todo, absolutamente pertinente. Como es obvio, cualquier norma que impone ciertas restricciones se percibe inicialmente como una amenaza a la continuidad de la actividad en cuestión. Sin embargo, hay que insistir en la adecuación de las normativas medioambientales a las nuevas tendencias del desarrollo sostenible y, como decíamos, al marco jurídico internacional, en el que la caza, independientemente de su consideración como actividad tradicional que también tiene un componente cultural y social, no puede ser una excepción.

La clave y el escenario deseable es, como se menciona en la exposición de motivos del Proyecto de Ley, que "la protección y conservación de los recursos naturales de Andalucía se entienda como un auténtico compromiso colectivo, capaz de movilizar, en un esfuerzo conjunto, a los sectores públicos y privados, así como a la sociedad andaluza en su conjunto". Pero, al mismo tiempo, también alude a "un amplio proceso participativo" que, desde mi punto de vista, como ocurre habitualmente en estas cuestiones, es una de las garantías fundamentales para la implicación social y, en consecuencia, para la asunción por parte de ésta de la nueva norma.

Francisco Bella Galán es alcalde de Almonte y Senador del PSOE por Huelva .