El río Castaños sufre su segundo vertido tóxico en dos meses a su paso por Barakaldo

Una fuga de más de 6.000 litros de permanganato procedente de una empresa de depósitos de materiales férricos de Barakaldo ha causado una importante contaminación en el río Castaños a su paso por el barrio de Amezaga de dicha localidad. El suceso ha motivado ya la apertura de un expediente sancionador por la Dirección de Aguas. Éste es el segundo vertido tóxico que sufre el río en dos meses, después de que el pasado 21 de enero una empresa de plásticos vertiese cerca de 3.000 litros de sileno, lo que causó mareos y problemas respiratorios en los vecinos.

La agresión ecológica ocurrió en la madrugada del jueves cuando las aguas del río se tiñeron de rojo. Los vecinos alertaron de lo ocurrido a SOS Deiak, que inició el operativo para determinar el causante y el daño infligido.

Fuentes municipales informaron de que la fuga se debió a un error en el cierre de una válvula de la empresa y, según los datos facilitados, los trabajadores no se percataron de lo ocurrido hasta la mañana de ayer, al comprobar que una de las cubetas se encontraba vacía.

El vertido se extendió por un tramo del río, donde se estancó debido al bajo caudal, y todavía no se han determinado las afecciones medioambientales. El Ayuntamiento de Barakaldo ha solicitado a los responsables de la empresa un informe del incidente, que será remitido junto a otros datos al Departamento de Medio Ambiente, del que depende la Dirección de Aguas.

Falta menos grave

Dada la naturaleza del suceso, el expediente sancionador abierto partirá con la catalogación de menos grave, lo que, según la ley, acarrea un multa de entre 6.010 y 30.000 euros. En función de cómo evolucione la investigación puede reducirse a una falta leve, que no supera los 6.000 euros, o elevarse a grave, que comporta una sanción de entre 30.000 y 300.506 euros.

El Departamento de Medio Ambiente suele resolver estos expediente en un plazo de seis meses y, en caso de daños al medio ambiente, la multa viene acompañada del pago de las afecciones creadas al medio natural.

El pasado año, el Gobierno autónomo abrió un total de 38 expedientes por vertidos a los ríos y todos ellos concluyeron con una sanción. El mayor número se localizó en Guipúzcoa, con 18, seguido por Vizcaya (15) y Álava, donde se incoaron cinco.

Los problemas con los vertidos a los cauces suelen ser responsabilidad de empresas, que habitualmente los achacan a averías y "es difícil demostrar que no es así", según han asegurado portavoces de Medio Ambiente. Algunos de estos expedientes administrativos acaban en la vía judicial, lo que paraliza la tramitación por el Gobierno.

Sin embargo, los fiscales de medio ambiente en el País Vasco tienen que archivar por falta de pruebas la mayoría de los vertidos que se denuncian.