La Cruz Roja ya atiende a los inmigrantes de los cuarteles de Sant Andreu

Han tenido que pasar seis meses para que las administraciones se pusieran de acuerdo en remediar la precaria situación de las cerca de 400 personas que malviven en los cuarteles de Sant Andreu. Finalmente, ayer por la mañana técnicos de la Cruz Roja comenzaron a elaborar un registro de las personas que habitan los cuarteles, una tarea que permitirá saber cuánta gente vive en las antiguas dependencias militares y qué medios necesitan para salir de esta situación.

La tarea será larga. Al menos esto es lo que creen los técnicos de la Cruz Roja que ayer comenzaron a hablar con los okupas e inmigrantes entre la desesperación de unos y la desconfianza de otros. Fuentes de la organización humanitaria explicaron que de momento trabajarán en los cuarteles unas diez personas, cuya misión será determinar las necesidades de las personas que viven en ellos.

Esta primera criba es necesaria porque tanto los técnicos como las administraciones implicadas entienden que muchos de los que viven en los cuarteles no necesitan realmente las ayudas oficiales. Los técnicos trabajan con unos datos provisionales según los cuales la mitad de las aproximadamente 400 personas allí instaladas son okupas de diferentes países de Europa que, en realidad, no requieren ayuda humanitaria. De los 200 restantes, una parte son inmigrantes en situación irregular, y el resto vagabundos que han escogido el sitio para pasar el invierno y evitar dormir en la calle.

La Cruz Roja califica de "operación de emergencia" la actuación iniciada ayer en Barcelona. Sin embargo, esto no significa que los ocupantes del recinto sean realojados de inmediato, sino que la organización se limitará de momento "a informar a las administraciones competentes", de manera que serán éstas las que decidirán en última instancia qué hacer. En el caso de los inmigrantes sin papeles, la actuación urgente corresponde básicamente al Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Esta administración contará, sin embargo, con el apoyo de la Generalitat y, sobre todo, de la Cruz Roja, con la que tiene firmado un convenio para la atención a los extranjeros en situación irregular.

El aumento de la pequeña delincuencia en el barrio, de lo que los vecinos culpan a algunos de los ocupantes de los cuarteles, ha enrarecido mucho el ambiente en la zona. Por este motivo, la Asociación de Vecinos de Sant Andreu se felicitó ayer ante las primeras actuaciones de la Cruz Roja, aunque la desconfianza todavía es elevada. Y es que, en opinión de los vecinos, la solución llega tarde.

La gerente del distrito de Sant Andreu, Glòria Figuerola, consideró ayer "positiva" la intervención de la Cruz Roja, algo que en su opinión debe ayudar a aliviar el tenso ambiente que se vive en el barrio. "Es un primer paso para clarificar la situación de estas personas y saber quiénes necesitan realmente la atención de la Cruz Roja". Figuerola no quiso aventurar ayer cuánta gente puede ser incluida en esta lista, pues recordó: "Nosotros no hemos entrado en las dependencias de los cuarteles porque se trata de unas instalaciones militares sobre las que no tenemos competencias".

Precisamente ésta ha sido la razón por la que el Ayuntamiento no ha podido intervenir ante una situación que viene enrareciendo el ambiente de Sant Andreu desde finales del pasado verano, cuando la presencia de personas sin techo en los cuarteles de Sant Andreu comenzó a aumentar mucho. Las presiones que los vecinos han ejercido desde entonces para que se resolviera el problema no han hecho, sin embargo, que el Ministerio de Defensa, propietario de los terrenos, acelerara el proceso de desahucio que inició el año pasado.